No se han encontrado irregularidades penales en la implantación masiva de parques de energía renovable en el territorio aragonés. Esta es la principal conclusión de la Comisión de Investigación que el Parlamento aragonés inició para analizar posibles actuaciones ilícitas en el desarrollo del sector en los últimos años, así como la gestión del Inaga, después de que ninguno de los grupos políticos hayan denunciado hechos delictivos o penales en todo este desarrollo.
Termina así una Comisión que se ha prolongado durante más de cuatro meses con más de 50 comparecientes del ámbito público y privado, y que ha concluido sin detectar ninguna irregularidad penal en el proceso de expansión de los parques eólicos y fotovoltaicos. Esta investigación fue una promesa electoral del ahora presidente Jorge Azcón, que denunció en plena campaña electoral posibles sospechas en el desarrollo del sector durante los años de Gobierno de Lambán, incluso amenazando con llevar a la Fiscalía las conclusiones de esta Comisión si derivan en posibles delitos.
Así, ninguno de los grupos ha presentado en sus conclusiones ningún tipo de delito penal en el documento que recoge tanto conclusiones globales y ratificadas por mayoría, como una serie de recomendaciones futuras, aunque la mayoría de los partidos aluden a que no era ni objetivo de esta Comisión ni se disponía de medios o recursos para ello. Este texto se votará este viernes en un Pleno extraordinario en las Cortes de Aragón, el último del curso político, en el que también se tratará la Amnistía y la Ley de Emergencias.
IMPULSAR UNA PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA Y TERRITORIAL
En cualquier caso, entre las 19 conclusiones y recomendaciones aprobadas por unanimidad, los grupos ven “necesario” que se impulse una “planificación energética y territorial”, en coordinación con el Gobierno de España, para conocer la “idoneidad” de la implantación en determinadas zonas de Aragón. Para ello, además, reclaman que se dote “de los suficientes medios públicos” para afrontar esta situación.
Igualmente, la Comisión ve “imprescindible” que el Gobierno de Aragón aclare mediante una ley la capacidad de los municipios para “regular o prohibir” la instalación de parques de energía renovable. Todo ello, incide, apreciando el “valor estratégico” de este sector para “encarar los retos a los que se enfrenta”, aprovechando las “extraordinarias fortalezas” de la Comunidad.
En cualquier caso, los grupos inciden en que la producción energética eólica y fotovoltaica “depende de situaciones ambientales concretas” que “no se producen de forma constante”, por lo que también es “imprescindible” fomentar el almacenamiento de energía. “El almacenamiento de la energía llevará a una mejora significativa de la rentabilidad de los proyectos de generación renovable”, apuntan en las conclusiones, que también remarcan la importancia de favorecer el autoconsumo tanto en la industria como en los hogares.
SIN RESPONSABILIDADES A LOS RESPONSABLES DEL INAGA
Asimismo, ya entre las conclusiones aprobadas por mayoría, se exime de responsabilidades a la Dirección del Inaga, asegurando que se trató de externalizar la tramitación de los expedientes a consultoras “carentes de conexión con los promotores”, aunque mencionando que se “flexibilizaron” los requisitos de compatibilidad y que algunas de ellas fueron “juez y parte” en el proceso. Eso sí, otro apartado asevera que hubo “decisiones erróneas” por parte del cuatripartito que “favorecieron” el “colapso” del Inaga.
En lo relativo al fraccionamiento, una conclusión presentada por el PSOE y aprobada, entre otros, por el PP, incide en que “no se han detectado diseños de parques que hayan eludido el sometimiento a la evaluación ambiental ordinaria”, aunque recomienda mantenerse “a la espera” de decisiones judiciales en un futuro próximo.
