Punto y seguido para el caso de la Manada de Zaragoza, que este jueves vivió la última sesión de un juicio largo dividido en tres sesiones y celebrado en la Audiencia Provincial a puerta cerrada y bajo una importante presencia policial. Durante la fase de informes finales, la Fiscalía mantuvo su petición inicial de 16 años y seis meses de cárcel para cada uno de los siete acusados por los delitos de agresión sexual continuada y lesiones, mientras que las defensas mantuvieron sus alegatos de absolución para la mayoría de sus representados alegando que “sí hubo consentimiento por parte de la víctima” o bien su desvinculación con los hechos. No obstante, dos de ellos llegaron incluso a pedir perdón a la víctima durante el turno de última palabra, quien se encuentra en tratamiento psiquiátrico tras uno hechos ocurridos hace más de cinco años, en junio de 2020.
La principal prueba de cargo que sostiene el Ministerio Público en este caso tan mediático son los 16 vídeos de extrema crudeza que la Policía Nacional halló en el móvil de uno de los acusados durante unas pesquisas contra la banda Dominican Don’t Play, de la que forman parte la mayoría de los encausados. En ellos, se observa cómo se van turnando para violar a la víctima, una joven que por entonces tenía 21 años y quien estuvo encerrada dos días en un piso del distrito San José hasta que logró salir y fue encontrada cerca de la avenida Cesáreo Alierta en un estado preocupante.
LA VÍCTIMA ESTUVO DOS DÍAS EN UN PISO HASTA SUFRIR UN BROTE
Tras el aviso al 091, la joven fue finalmente traslada al Hospital Miguel Servet de Zaragoza a primera hora de la tarde del 26 de junio de 2020. Desorientada, confusa y semidesnuda, alegó que “llevaba bichos por todo el cuerpo y que unos amigos se los habían intentado sacar del cuerpo, conviviendo dos días con ellos para sacarle el demonio de dentro”. Fue traslada al Hospital Royo Villanova, donde permaneció semana y media en la Unidad de Psiquiatría. En la actualidad continúa recibiendo tratamiento psiquiátrico, según informaron los facultativos a través de informes presentados por la víctima a través de la fiscal Mónica Vidal. La joven sólo había declarado una vez durante la fase de instrucción aunque se negó a presentar denuncia ni cargos.
Finalmente y tras ser convencida por miembros de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), esta semana reconoció en sala de juicio a cada uno de los siete encausados como sus agresores. En un testimonio demoledor, narró cómo acudió a un piso de la calle Antonio Maura para mantener relaciones sexuales únicamente con Miguel Santiago L. V., al que ya conocía, y comenzó a desorientarse hasta que fue introducida en un pequeño dormitorio, siendo agredida y “guiada por ellos en todo momento” hasta que pudo abandonar la vivienda dos noches después.
LAS DEFENSAS PIDEN LA ABSOLUCIÓN Y CUESTIONAN LA PRUEBA
Durante la fase de informes finales, la abogada Claudia Melguizo, defensora de Jesús P. E., solicitó la absolución de su cliente al entender que no existe prueba directa que lo incrimine. Según expuso en sala, “no aparece en ninguno de los 16 vídeos, no forma parte del grupo de WhatsApp donde se comentó lo sucedido y no hay ADN suyo”, por lo que sostuvo que la acusación se apoya únicamente en “el testimonio contradictorio y ambiguo de la víctima a lo largo del procedimiento”. En este sentido, subrayó que en sus primeras manifestaciones la joven “no habló de abuso ni de violación”.
En la misma línea, el letrado Carlos Estremera reclamó la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas muy cualificadas, al considerar excesiva la duración de la instrucción, mientras que Cristian Monclús alegó una vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, argumentando que los acusados prestaron declaración en un momento en el que la Fiscalía todavía no les había imputado formalmente un delito de agresión sexual, lo que, a su juicio, habría generado una situación de indefensión.
PETICIONES SUBSIDIARIAS Y ÚLTIMA PALABRA DE LOS ACUSADOS
Por su parte, la abogada Marina Ons, defensora de Mustapha K. A., también interesó la absolución de su representado, aunque de forma subsidiaria planteó la imposición de una pena menor al sostener que en su caso no existió penetración. La letrada defendió que, de acreditarse alguna responsabilidad penal, esta debería ser de menor entidad, diferenciando su conducta de la de otros acusados.
Durante el turno de última palabra, Mustapha K. A. y Miguel Santiago L. V. pidieron perdón a la víctima por lo sucedido. También Jesús P. E. se dirigió al tribunal, presidido por Alfonso Ballestín, para disculparse por su comportamiento durante la primera sesión del juicio, en la que fue expulsado de la sala.
La Fiscalía, pese a admitir que alguno de los acusados pudo no ejecutar materialmente la agresión sexual y actuar como cooperador necesario, mantuvo su calificación jurídica sin variaciones. El Ministerio Público elevó a definitivas las penas solicitadas. 16 años y seis meses de prisión para cada uno de los siete acusados, así como una responsabilidad civil conjunta y solidaria de 50.000 euros a favor de la víctima.
El tribunal de la Sección Primera deja visto para sentencia el juicio tras una vista marcada por la dureza de las pruebas audiovisuales y la complejidad de una causa que ha concentrado una fuerte atención mediática durante toda la semana, pese a celebrarse a puerta cerrada y cinco de los acusados en prisión provisional por otras causas. De momento, queda esperar a la sentencia y ver si las partes recurren al Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).
