Zaragoza.- Después de cuatro días de juicio y de sesiones que se han alargado hasta las ocho horas, este jueves ha quedado visto para sentencia el segundo juicio contra la compañía aérea ucraniana Ukranian Mediterranean Airlines (UM Air), su reaseguradora, también ucraniana, Busin Joint-Stock Insurance y la contratista alemana del vuelo Chapman Freeborn, acusadas civilmente de la muerte de 62 militares españoles, el 26 de mayo de 2003, cuando regresaban tras cuatro meses en Afganistán.
La vista ha comenzado con la presentación de conclusiones por parte de las partes. El primero de ellos, por parte de la Asociación de Víctimas del Accidente del Yak-42, José Antonio Salgado ha aseverado que el vuelo era, jurídicamente, “un transporte estratégico”, que según la normativa española puede realizarse con material del Ministerio de Defensa o por aerolíneas civiles. “El vuelo no era dirigido por autoridad militar alguna”, ha matizado.
El letrado ha asegurado que los militares volaban como pasajeros y se refirió al testimonio del general Juan Luis Ibarreta, quien en su comparecencia ante la juez María Teresa del Real señaló que dos militares se negaron a volar en el Yak 42 y se les ofreció un vuelo alternativo. Asimismo, ha apuntado que “no sólo era un avión para militares, ya que viajaron a la ida a Kabul varios civiles chilenos y a la vuelta a Zaragoza un ciudadano bielorruso”.
Por estos motivos, ha pedido que se aplique el Convenio de Varsovia, que permite considerar jurídicamente que la responsabilidad civil sea ilimitada, lo que permitiría a la Asociación de Familiares pedir la indemnización de 63 millones de euros y no el límite de 140.000 euros que marca este convenio.
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Los abogados de la defensa han cuestionado los informes oficiales |
Por su parte, el abogado Carlos Villacorta ha subrayado que la compañía propietaria del Yak-42, Ukranian Mediterranean Air (UM Air), “sabía o tenía que saber” que su praxis fue “suicida” debido a los “múltiples” problemas de sus aparatos y los errores recurrentes de las tripulaciones y de la propia compañía.
Villacorta ha calificado estos errores como “dolosos, porque la aerolínea ponía en peligro a sus clientes y a su personal por las deficiencias a bordo”. “El propio inicio del vuelo fue ilegal a sabiendas de la compañía aérea y la tripulación”, ha justificado.
Asimismo, ha lamentado que la tripulación “no cumpliera” el patrón de vuelo y que realizara un intento de aproximación fallido con una forma “deficiente y peligrosa”. “Confundieron el Este con el Sur, y completamente desorientados se dirigieron hacia la zona expresamente prohibida para la navegación aérea, como era la zona montañosa de Trazbon”, ha añadido.
El abogado de los familiares ha recordado a la magistrado que en la sesión anterior uno de los peritos aseguró que la tripulación “estaba sometida a una sobrecarga de trabajo”, ya que llevaba más de 24 horas trabajando bajo presión.
Según los letrados demandantes, el plan de vuelo se preparó erróneamente, lo que multiplicó el trabajo de la tripulación, que tampoco conocía los aeropuertos de Kabul (Afganistán), Manás (Kirguizistán) y Trabzon (Turquía).
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El juicio civil por el caso Yak-42 ha quedado visto para sentencia |
Otro de los letrados demandantes, Eudald Vendrell ha solicitado una restitución moral y económica a las familias. Para ello, ha presentado un informe en el que un perito económico ha realizado un estudio teniendo en cuenta el estado de las familias y la progresión profesional de los militares, ya que “conforme avanzaran los años irían subiendo su rango y por tanto el sueldo”.
También ha criticado la “burla” realizada a los familiares de las víctimas y al Juzgado, que en su opinión hizo el representante de Chapman Freebron Alemania, Russi Batliwala, al no comparecer en la primera sesión del juicio, después de que consiguiera anular el anterior juicio, celebrado en enero de 2006. Por este motivo, Vendrell ha solicitado “la penalización de la mala fe procesal” y que la juez valore como prueba lo que se le preguntó a Russi Batliwala, aunque no contestara al no estar presente.
Cuestionamiento de parentesco
Por otro lado, el abogado de la defensa de Chapman Freeborn Luis Alberto García ha cuestionado la cercanía de los militares fallecidos con sus padres y hermanos, así como la “ausencia” de documentación que pruebe dicho parentesco. Esto ha provocado el primer altercado del día, ya que la magistrado ha tenido que pedir “silencio” a las familias que le han dicho “sinvergüenza”.
Además, este letrado ha señalado que los fallecidos eran funcionarios públicos con una profesión de riesgo, por lo que las sumas económicas que se solicitan también tienen que tener en cuenta esto. Junto a esto, García ha insistido en que Chapman actuó de manera “diligente” comprobando que los aparatos que subcontrataba tenían la documentación en vigor, mientras que en su opinión la revisión de los aviones le corresponde al Ministerio de Defensa.
El otro de los defensores en este caso, Rodolfo González Lebrero, ha explicado que la aeronave estaba en “perfectas condiciones” y que tomaron todas las medidas necesarias para evitar el siniestro. “El vuelo era militar, ya que sus pasajeros eran militares que fallecieron en acto de servicio, sometidos a un rígido sistema de disciplina”, ha apostillado.
