Zaragoza.- En menos de una hora ha finalizado la primera sesión del juicio civil contra la compañía aérea ucraniana Ukranian Mediterranean Airlines (UM Air), su reaseguradora, también ucraniana, Busin Joint-Stock Insurance y la contratista alemana del vuelo Chapman Freeborn, acusadas civilmente de la muerte de 62 militares españoles, el 26 de mayo de 2003, cuando regresaban tras cuatro meses en Afganistán.
La vista oral ha comenzado con 15 minutos de retraso, ya que la sala habilitada del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Zaragoza se ha quedado pequeña para familiares, abogados y medios de comunicación. Los letrados demandantes, diez en total, no tenían en un primer momento espacio para todos, sólo para seis.
A pesar de estas incidencias, el protagonista ha sido la no comparecencia del representante alemán de la contratista del vuelo Chapman Freeborn, Russi Batliwala. Su abogado no ha querido precisar las causas que han provocado que, de nuevo, no haya querido o podido sentarse en el banquillo por este tema.
No obstante, la juez María Teresa Real Clemente ha permitido que los letrados demandantes hayan realizado las preguntas que iban a realizar en un principio. Entre ellas si Chapman Freeborn es una de las compañías con mayor siniestralidad, si se habían realizado cinco subcontratas del vuelo siniestrado o si es cierto que la tripulación no contaba con las medidas para su descanso y que por ello llevaban volando 24 horas; entre otras. Ninguna de estas preguntas han sido contestadas, pero como ha afirmado otro de los abogados de las familias, Eudald Vendrell, “la no presencia del testigo es como si a todas las preguntas, más de una veintena, Russi Batliwala hubiese respondido un sí rotundo”.
Después de este momento, en el que a cada pregunta de la defensa los familiares mostraban su lamento por la no presencia de éste, ha sido el lugar de la testificación de dos soldados: el cabo primero del Ejército de Tierra Sergio Manzanos y el teniente en la reserva Fermín Pérez. Ambos han señalado que el vuelo no era dirigido por ningún mando militar.
Manzanos, quien estuvo destinado en Afganistán en los primeros años de la operación internacional ISAF y que voló desde Zaragoza hasta Kabul en el avión Yakovlev 42 que, posteriormente se estrelló, ha negado haber recibido billete aéreo alguno en el vuelo que realizó en este aparato y ha afirmado que no tiene constancia de que ninguno de sus compañeros hubieran recibido documento alguno.
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En el accidente fallecieron 62 militares españoles |
A preguntas de los representantes legales de la contratista del vuelo, Chapman Freeborn, el testigo ha aseverado desconocer quién planificó en concreto el vuelo, pero que no estaba dirigido por ningún mando militar.
En este sentido, el otro testigo Fermín Pérez ha destacado que ningún mando militar dirigía el vuelo de ida a Kabul del Yakovlev 42, en el que viajó, y que no había sido informado de que el aparato tuviera “limitaciones” de algún tipo.
La defensa de Chapman Freeborn ha preguntado al teniente en reserva que normalmente viajaban en sus propios aviones militares, a lo que Fermín Pérez ha afirmado que “hasta ese viaje” nunca había volado en misión militar internacional en aviones civiles.
Además, este testigo ha apuntado que debía formar parte del relevo de tropas españolas en Afganistán y de que debía tomar el vuelo de ida del Yak - 42, sin poder elegir el punto de partida, la ruta y el resto de circunstancias del vuelo.
La defensa de Chapman Freeborn ha aportado, como ya había hecho en otras ocasiones, un documento del que dijo que era el billete que vinculaba a los militares accidentados con el vuelo mortal. Precisamente, esta prueba fue denegada en el juicio civil que tuvo lugar, también en Zaragoza, en 2006, puesto que según las acusaciones fue confeccionado después del accidente.
Enfados en los pasillos
Al finalizar la primera sesión del juicio, los pasillos se han llenado de familiares y abogados desconcertados por la no presencia del contratista del Yak-42. El padre del soldado Cardona, Francisco Cardona, ha calificado la no presencia de Russi Batliwala como “intolerable”, ya que “se está riendo de las familias y de toda la justicia en general”. Cardona ha recordado que “por culpa de este tipo” el juicio que se realizó en 2006 fue declarado nulo porque la empresa se negó a acudir por considerar que no había sido emplazada correctamente.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Familiares de Víctimas del Accidente del Yak-42, Miguel Ángel Sencianes, ha tachado esta situación de “inmoral” y ha añadido que “si no quiere venir a contestar las preguntas que se le hacen será porque realmente no tiene nada que decir a la sentencia del día anterior y la ratifican”. En el anterior juicio se estableció una indemnización de 10 millones de euros para las familias, frente a los 60 que reclamaban.
Uno de los abogados demandantes, Eudald Vendrell, perteneciente al despacho Gay-Vendrell, ha aseverado que es “gravísimo que no haya comparecido”. Vendrell ha señalado que van a solicitar 63 millones de euros como indemnización, aunque ha añadido que el daño moral “es mucho más costoso”.
“Tenemos las esperanzas de avanzar, a pesar de las trabas que a lo largo de todos estos años están teniendo los familiares para hacer justicia por la muerte de los 60 militares españoles fallecidos en Trebisonda (Turquía)”, ha concluido.
El letrado zaragozano Javier Hernández ha restado cualquier valor a los supuestos billetes del vuelo mortal aportados por Chapman Freeborn a la causa y que forman parte del sumario porque “contienen de errores como la incorrecta consignación del nombre de los beneficiarios”.
