500 días se cumplían este viernes de aquel fatídico 13 de junio de 2023 en el que el edificio número 21 de la Calle San Francisco de Teruel, con cinco plantas, se vino abajo de forma repentina. Año y medio después del suceso, el pasado día 25 de octubre el Ayuntamiento se vio obligado a precintar y desalojar el nº22 de esa misma calle -ubicado justo en frente- al no reunir las “condiciones mínimas” de habitabilidad.
Una familia compuesta por un matrimonio y tres hijos residían hasta el viernes en el edificio de dos plantas ahora deshabitado. La familia requirió de los servicios de una trabajadora social que se acercó hasta la vivienda y comprobó con sus propios ojos el estado de la misma. Las escaleras parecen inseguras y el consistorio decidió clausurar el edificio. “Acudió un técnico municipal y no parece que haya riesgo de derrumbe. Si no ya se hubiese actuado”, aclaró la alcaldesa Emma Buj, este lunes.
Los cinco afectados, que llevaban “un par de meses” residiendo en citado lugar, han sido realojados provisionalmente y hasta este miércoles en un hotel de la ciudad de los amantes. A partir de esa fecha, tal y como explicaba Buj, serán realojados en una de las viviendas de titularidad municipal cedidas a Cáritas “para cubrir este tipo de situaciones”.
SE ASEGURA QUE “NADA TIENE QUE VER” CON EL DERRUMBE DE HACE UN AÑO
Tajante se mostró la primera edil al ser preguntada sobre sí algo tiene que ver esta situación con el derrumbe del edificio n.º 21 o con los trabajos posteriores que han consistido, principalmente, en el desescombro del mismo. “Esta problemática surge por la falta de mantenimiento. Un edificio es como un coche, hay que invertir en mantenimiento. Nada tiene que ver esto con lo que ocurrió. En los números pares hay viviendas especialmente antiguas y por eso se ha dado esta coyuntura”, concretó Buj.
La alcaldesa también precisó que es un edificio que tiene más de 50 años pero que aún así no contaba con un informe de evaluación del edificio cuya realización corresponde a los propietarios. Defendió Buj, para terminar, que el Ayuntamiento no entra a inspeccionar todos los inmuebles “porque no es su responsabilidad” cerrando el debate y “evitando confusiones”.
