El jurado popular absuelve al preso y al funcionario acusados de una trama de sobornos en la cárcel de Zuera

Un preso y un funcionario público de la cárcel de Zuera, durante el juicio celebrado esta semana en la Audiencia Provincial de Zaragoza.
Ambos se enfrentaban a cuatros años y medio de cárcel tras ser acusados por Fiscalía de colar móviles, ropa o colonias en el centro penitenciario de la capital aragonesa durante la época de la pandemia

David A. S., funcionario de prisiones, y Félix G. L., un preso, han sido absueltos por un jurado popular en la Audiencia Provincial de Zaragoza del delito de cohecho que se les venía acusando por parte de la Fiscalía. Ambos se enfrentaban a cuatro años y seis meses de prisión por una presunta trama de sobornos dentro de la cárcel de Zuera, mediante la cual el Ministerio Público afirmó que se colaban teléfonos móviles, ropa y comida por encargo. El veredicto exculpatorio será ratificado en los próximos días cuando la magistrada M.ª Soledad Alejandre Domenech redacte la sentencia absolutoria.

El Objeto de Veredicto fue entregado este viernes por la mañana a los nueve ciudadanos de a pie, quienes horas después ya habían tomado una decisión. Sin pruebas demasiado contundentes, los compañeros de trabajo del empleado público habían defendido esta semana ante el jurado popular la honestidad de David A. S., describiéndole como una persona “sencilla, trabajadora y que ama su trabajo”. En el lado opuesto, varias “exnovias” de Félix G. L. en prisión por delitos de estafa, habían afirmado el haber comprado terminales móviles y otros enseres para enviárselos al funcionario de prisiones por orden de su entonces pareja.

De hecho, sí ha quedado probado que el empleado público, ahora trabajador en la cárcel de Daroca, recibiera durante la pandemia hasta dos paquetes en su propio domicilio de parte de la actual pareja del recluso. “Devolví los paquetes al no conocer al remitente”, afirmó David A. S. durante su declaración. Achacó las acusaciones a su persona como una especie de “trampa” por parte de la directiva del centro penitenciario, después de casi 20 años “con una reputación intachable”.

Los miembros del jurado han considerado no probado por unanimidad el supuesto acuerdo entre el preso y el funcionario público, alegando “falta de documentación”. Sus defensas, en manos de los abogados Fernando Lacruz y Francisco Loaiza, habían mantenido la inocencia de sus representados desde el inicio de la vista oral. La acusación pública había reconocido “ausencia de pruebas contundentes”, aunque a su parecer “había indicios y testimonios suficientes para acreditar la trama de cohecho”, interesando hasta 10 años de inhabilitación para David A. S. Finalmente, ninguno de los dos cumplirá pena alguna por este caso, finalizando así tras un procedimiento iniciado hace casi un lustro.