Un cohecho, vulgarmente conocido como soborno, es un delito que recoge el Código Penal y según el cual se produce cuando un funcionario público solicita, acepta o recibe un regalo o dinero de una persona a cambio de que éste actúe (o bien se abstenga de ello) en relación con sus funciones afectando inequívocamente a su imparcialidad dentro de la administración pública, a la cual ha accedido mediante una oposición. La Audiencia Provincial de Zaragoza vive esta semana un juicio por un presunto delito de cohecho que involucra a un funcionario del Centro Penitenciario de Zuera y un preso.
La sede judicial ubicada en Galo Ponte, acostumbrada a celebrar juicios con jurado popular por crímenes de sangre, ha elegido este lunes a los nueve ciudadanos y ciudadanas que decidirán el destino de ambos procesados, a quienes se les acusa de colar comida móviles, comida o ropa dentro de la cárcel para sacar un beneficio económico de ello. La Fiscalía pide cuatro años y seis meses de cárcel para cada uno, mientras que las defensas alegan la “falta de pruebas sólidas” que acrediten este comercio ilícito e involucren a sus clientes.
EL PRESUNTO MECANISMO DE LOS SOBORNOS EN ZUERA
Según el escrito de la acusación pública, David A. S. es un funcionario de prisiones destinado en Zuera entre 2019 y 2022, periodo que habría aprovechado para llegar a un acuerdo con Félix G. L, preso por otra causa, mediante el cual el empleado público introduciría diversos productos en función de las demandas efectuadas por los propios internos con los que se comunicaba el preso en cuestión, quien luego los distribuía entre el resto de reclusos. A cambio de estas operaciones, las ganancias por cada pedido podrían haber oscilado entre los 50 y los 700 euros, siempre en efectivo.
Todo este presunto entramado llegó a la Guardia Civil a través de tres indicios consecutivos en el tiempo. Fue durante la intervención de unos teléfonos móviles dentro de una operación de la Benemérita en Navarra contra el narcotráfico donde primeramente se habló de “un funcionario en Zuera que podría introducir droga en el centro penitenciario”. A esto se sumó la declaración de un testigo protegido (un preso) quien trabajaba en el economato de la prisión y aseguró haber recibido encargos consistentes en “llevar bolsas con paquetes de módulo a otro por encargo del funcionario acusado”.
“El funcionario me entregaba unos paquetes para que yo se los diera a un preso”, ha aseverado por videollamada el testigo protegido ante las preguntas de las partes y la Magistrado Presidente, M.ª Soledad Alejandre Domenech en esta primera sesión del juicio. No obstante, nunca llegó a mirar qué había en el interior de esos paquetes que el asalariado público dejaba en un cuarto de la limpieza para que él los recogiera y llevara a su destino. “Yo no le podía decir que no al funcionario, y aunque nunca vi directamente qué había dentro, sé perfectamente lo que había, no soy niño y había rumores”, ha afirmado este testigo. Ha hablado de “paquetes de patatas y bizcochos con teléfonos móviles en su interior”.
SIN REGISTROS, SIN VÍDEOS Y CON PAGOS EN EFECTIVO
Llegado el momento, este preso le contó esta información a un guardia civil y fue entonces cuando le tomaron declaración en calidad de testigo protegido, encontrándose ya en la cárcel de Tarragona. Precisamente el agente del Instituto Armado encargado de redactar el atestado ha contado la mecánica de cómo se gestionaban las transacciones y encargos entre el preso y el funcionario. “Félix contactaba con sus novias para que entregaran móviles y ropa a David, a quien le pagaban, y era él quien las introducía en paquetes en calidad de empleado público”, ha declarado el agente, quien ha insistido ante el jurado que no se trató de "algo puntual".
Aún así, no se practicó ningún registro en la casa del funcionario, David, donde aparentemente también llegaron paquetes de familiares de otros presos para ser también introducidos en la prisión. Tampoco se intervinieron los teléfonos, no se han encontrado movimientos bancarios ya que todos los pagos “se realizaban en efectivo” y no constan las grabaciones de las cámaras de seguridad de pasillos de la cárcel que acrediten estas transacciones, puesto que al haber ocurrido en el año 2020 ya ha pasado el tiempo suficiente para ser eliminadas.
Sí constan algunos comprobantes de envíos con los datos del funcionario de algunas empresas de mensajería. El preso, durante la fase de investigación por parte del Juzgado de Instrucción 12 de Zaragoza, llegó incluso a escribir una carta de su puño y letra al subdirector de la cárcel de Zuera admitiendo el delito para intentar llegar a un acuerdo con el Ministerio Fiscal. Ahora su defensa niega los hechos. En la cárcel se llegó incluso a hacer una redada donde se intervinieron entre 60 y 100 teléfonos móviles a presos, aunque tampoco se ha podido comprobar a quiénes pertenecían, al formar parte de una instrucción distinta.
Durante el registro en la celda del reo ahora acusado se hallaron unas papelinas de heroínas, aunque no se ha podido demostrar que se las había facilitado el funcionario. De momento, habrá que esperar a la segunda sesión de mañana para conocer más detalles sobre esta presunta trama de cohecho juzgada en Zaragoza por un jurado popular entregado en este primer día, lanzado varias preguntas para averiguar, y así poder juzgar, qué pasó realmente en la cárcel de Zuera, que cuenta con alrededor de 1.200 reclusos, en su mayoría hombres.
