El jurado popular declara culpable de asesinato con alevosía y ensañamiento a Miguel Ángel Santiago Cortés, que mató a cuchilladas a su expareja y en frente de su hijo menor de 6 años el 3 de marzo de 2023 en Villanueva de Gállego.
Con un veredicto de ocho votos a favor y uno en contra, los miembros del Tribunal del Jurado han considerado autor penalmente responsable de un delito de asesinato con alevosía y enseñamiento a Cortés, y tampoco han considerado que el autor del crimen estuviera bajo los efectos del alcohol a la hora de cometer los terribles hechos. Será el magistrado-presidente Eduardo López Causapé, quien imponga la pena de prisión, que podría superar los 20 años.
El 3 de marzo de 2023 fue el día escogido para acometer el asesinato. Asesino y víctima quedaron ese día en la casa de Villanueva de Gállego para que él le hiciera entrega del menor y así pasar el fin de semana con ella según habían acordado. Al llegar al portal y abrirse la puerta, M.ª del Carmen entró al rellano para abrazar a su hijo, y fue ese momento cuando Miguel Ángel le asestó la primera puñalada mortal por la espalda a la altura del costado izquierdo.
EL ASESINO, DESPUÉS DE MATAR A SU EXMUJER: "SE LO MERECÍA POR MALA"
Aún así, Miguel Ángel no cedió, y pese a los intentos de la víctima de parar el ataque, se han contado hasta nueve puñaladas en las ropas que ella llevaba. Una vez M.ª del Carmen estaba desplomada en el suelo, él continuó y le rebanó el cuello, causando así su muerte definitiva. “Se lo merecía por mala, ya está, se ha acabado”, llegó a decir el acusado a su hijo de tan solo seis años, presente durante todo momento en el brutal asesinato de su madre.
Una vez ha sido declarado culpable tras la lectura del veredicto por parte del jurado, las partes han expuesto las penas propuestas para el acusado. El Ministerio Fiscal pide un total de 26 años de prisión por los delitos de asesinato con agravante de parentesco y el atenuante de confesión, siendo este último validado también por los miembros del jurado; quebrantamiento de condena y amenazas graves con los agravantes de reincidencia y parentesco.
Además, el fiscal pide una orden de alejamiento de 500 metros y la prohibición de poder comunicarse con su hijo menor por 30 años, así como quitarle la autoridad familiar y una década de libertad vigilada cuando termine de cumplir la pena privativa de libertad. La responsabilidad civil que pide para el hijo de seis años supera los 160.000 euros, mientras que fija la cantidad a indemnizar a la madre de la víctima en 71.000 euros.
LA ACUSACIÓN PARTICULAR PIDE 28 AÑOS DE CÁRCEL PARA EL ACUSADO
La acusación particular, que representa a la madre de la víctima y se sostiene en la abogada Estela Concha Gargallo, eleva la pena de cárcel solicitada a 28 años por los mismos delitos. También suma una orden de alejamiento a menos de 500 metros durante 10 años para que Miguel Ángel no pueda acercarse a su hijo menor ni a la madre de M.ª del Carmen (tampoco a los hermanos de la víctima), presente durante la lectura del veredicto y que no ha podido contener la rabia contra el asesino de su hija. Asimismo, la letrada exige libertad vigilada y localizada una vez cumpla la pena de prisión y el pago de las costas procesales y sus servicios. Estela Concha también ha elevado la indemnización que el acusado deberá abonar a la madre de M.ª del Carmen a una cantidad de 300.000 euros.
Por su parte, la acusación popular, en manos del letrado de la Comunidad Autónoma José Luis Gay, pide 25 años de cárcel por el delito de asesinato así como quitarle la autoridad familiar sobre su hijo al acusado. Además, para el menor pide una responsabilidad civil de 250.00 euros y para su abuela, 150.000 euros.
Por último, José Muñoz González, abogado de la defensa, solicita una pena de 15 años de prisión por el delito de asesinato, seis meses y un día por el quebrantamiento de condena, y un año y tres meses por el delito de amenazas graves acreditado por los mensajes de WhatsApp que Miguel Ángel le profirió a su expareja durante el mes antes de cometer el asesinato. El letrado de la defensa se ha sumado a la responsabilidad civil de la fiscalía, la más baja de las tres.
