Casi una semana después de que se hicieran públicos las supuestas torturas, vejaciones y abusos sexuales en el Centro de Menores de Ateca, la consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, ha anunciado una reclamación administrativa por daños y perjuicios e incumplimiento de contrato contra la UTE y entidad gestora del centro, la Fundación Salud y Comunidad y el Grupo Lagunduz, así como la rescisión de los contratos “a presente y futuro”. Además, la consejera Susín ha informado de la apertura de un expediente disciplinario a la persona responsable del Servicio Provincial de Tutelas y Protección de la Infancia, una trabajadora del IASS.
Estas dos nuevas medidas se suman a las dos anteriormente anunciadas este pasado lunes cuando la Consejería de Bienestar Social y Familia abrió un expediente para realizar una investigación interna a todos los niveles y la personación de la DGA como afectada en el caso. Esta mañana, la propia consejera Carmen Susín ha reconocido “problemas y deficiencias en los canales de comunicación”.
“Cualquier incidencia tiene que ser comunicada, algo que no fue así”, ha señalado la consejera Susín en la rueda de prensa del Pignatelli tras varios días de silencio. “La investigación interna y expediente disciplinario se remontará hasta dónde haga falta y se tenga constancia de irregularidades”, se ha referido la consejera respecto a la denuncia recibida al IASS en 2019. Informes, visitas, inspecciones, e incluso se analiza poner en marcha una auditoría que revise todos los contratos en vigor con para centros similares al de Ateca en todo Aragón.
“Es necesario revisar todos los contratos, así como diseccionar y conocer en profundidad el funcionamiento de este tipo de centros”, ha continuado la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín. Esto implica que la DGA pretende tomar medidas en cualquier otro caso en el que se detecte una posible negligencia en el ejercicio profesional en el ámbito de la atención a menores. “El objetivo es que el Gobierno pueda actuar de inmediato y valorar las medidas que resulten convenientes en toda la cadena de responsabilidad”, ha subrayado la responsable del Departamento de Bienestar Social y Familia.
LA CONSEJERA YA HABLA DE DEPURAR RESPONSABILIDADES INTERNAS
Durante la rueda de prensa, la consejera también ha expresado su “total disposición” a la jueza instructora del Juzgado de Calatayud, Aida Ramírez, y ha reiterado que la principal preocupación del Gobierno de Aragón “siempre ha sido y será preservar la intimidad, seguridad y bienestar de los menores bajo tutela de la Comunidad”.
La recogida de toda la información referente al caso también va a servir para depurar responsabilidades internas “en el caso de que las hubiere”, ha matizado la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín. En el caso de encontrarse alguna negligencia en el deber de vigilancia y control del Centro de Menores de Ateca, la consejera ha insistido en que “se iniciarán las acciones judiciales pertinentes para llevarlas hasta las últimas consecuencias”.
“Con esta investigación se pretende conocer en profundidad por qué se ha llegado a esta situación”, ha expuesto Carmen Susín: “Se quiere saber si efectivamente había denuncias previas, de qué tipo (escritas, verbales) y en qué momento se produjeron; si se informó a algún funcionario, si alguien miró para otro lado, si hubo algún tipo de negligencia, falta de diligencia en el traslado de la información o cualquier otro tipo de hecho que pudiera acarrear una responsabilidad”.
REUBICACIÓN DE LOS MENORES DE ATECA
En cuanto a la reubicación de los menores que residían en Ateca, la consejera ha insistido que aquellos que no eran de Aragón han sido trasladados a sus comunidades de procedencia. “Se requirió a los servicios de menores del País Vasco y Baleares para que recogieran a sus tutelados y los trasladaran ellos”, ha señalado la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín. Esto se produjo el pasado 2 de agosto, y al ser un centro privado y específico, cualquier Comunidad Autónoma podía solicitar los servicios a la UTE gestora.
Respecto a ocho de los menores del centro fugados, la consejera ha informado de que se dio parte a la Guardia Civil, y adía de hoy, “cinco de ellos han retornado por su propia voluntad”. De esos ocho menores, dos de ellos son los que habrían regresado con sus madres. Respecto una de las madres que ha pedido la tutela de su hijo, la consejera ha defendido que “será el juez quien decida si se la devuelve o continúa bajo la de la DGA”, en una vista que se celebrará “los próximos días”.
“Hasta que no esté resuelto y puestas las medidas para tratar de evitar casos similares, el Gobierno no va a descansar”, ha aseverado Carmen Susín, que ha refrendado el compromiso del actual Ejecutivo con mejorar la vida cotidiana de los aragoneses, sobre todo la de las personas más vulnerables o las que no pueden valerse o defenderse por sí mismas: “Y lo vamos a seguir haciendo, cueste lo que cueste”, ha concluido.
