El sindicato CGT denuncia que el pasado 19 de diciembre de 2019 comunicó al IASS una serie de irregularidades observadas en el centro UTE CAM de Ateca que gestiona la Fundación Salud y Comunidad, dependiente del IASS, tras denuncias de trabajadores a CGT. Estas irregularidades que trasladaron estaban relacionadas con la alimentación, la vestimenta, el control de medicamentos y la contratación de personal sin las formaciones exigidas.
El sindicato asegura que la comida era escasa, había personal sin carnet de manipulador de alimentos, no existían los controles de calidad, los menús eran insanos y no se respetaban las creencias religiosas de los menores.
El resto de quejas del sindicato tenían que ver con no tener un registro en el suministro de medicaciones, la insuficiente vestimenta no adaptada a la época del año y las contenciones físicas (excesivas, abusivas y realizadas por personal sin formación).
La organización sindical denunció asimismo las condiciones laborales de los trabajadores del centro de Ateca que tenían horarios ilegales por ser excesivos, ausencia de formación para las tareas requeridas, exigencia de disponibilidad total y un ambiente de trabajo pésimo. Unas condiciones laborales que generaban una renovación total del personal cada pocos meses.
Desde el sindicato quieren recalcar los problemas generados por la “insistencia de la administración” en gestionar el sistema de protección y reforma del Gobierno de Aragón externalizando el servicio, lo que lleva a una “precarización” de los trabajadores del sector (cobran entre un 50% y un 60% de lo que cobrarían siendo empleados públicos). Denuncian también una “insuficiente supervisión” por parte del IASS de lo que ocurre en estos centros, que al parecer "ni es consciente de la cualificación de los trabajadores que se contratan".
Desde CGT recuerdan que para trabajar con estos menores se exige un grado superior de integrador social o un grado universitario de educación secundaria social, y que tanto las empresas concesionarias como el IASS deben garantizar que todo el personal tiene esta formación.
El problema, apuntan desde fuentes sindicales, es que “se trata de un sector muy mal pagado, lo que dificulta encontrar personas con la formación necesaria dispuestas a trabajar por 1.300 euros en un trabajo tan exigente tanto física como emocionalmente”, por ello “insistimos en que es necesario regular el sector, tarea en la tanto las empresas como el Gobierno de Aragón y el IASS tienen mucho que decir, ya que pueden apoyar la firma de unos convenios autonómicos, el de protección y reforma y el de ocio educativo, que dignifiquen las condiciones laborales de estos trabajadores y trabajadoras, en lugar de bloquear ambos convenios como están haciendo en la actualidad”.
