La DGA premia los “valores constitucionales” de los fiscales del 'procés' catalán
La segunda edición del premio Gabriel Cisneros a los valores constitucionales, que entrega el Gobierno de Aragón desde esta legislatura, tendrá como protagonistas a los fiscales del procès catalán. Lo recibirán Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Fidel Cadena debido “a su labor ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo” en el enjuiciamiento de los actos enmarcados alrededor del referéndum del 1 de octubre de 2017 en Cataluña y la posterior declaración unilateral de independencia “y los actos subsiguientes”. La sala de la Corona del Edificio Pignatelli, reservada para las grandes ocasiones, acogerá este evento el próximo 5 de diciembre.
El Consejo de Gobierno ha aprobado este viernes la entrega del galardón. Destacan que su labor llegó “en un momento de especial trascendencia y gravedad para la convivencia entre todos los españoles, encarnando de manera ejemplar las misiones que la Constitución atribuye al Ministerio Fiscal”. Por ejemplo, continúa la orden, “promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad de los derecho de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley”.
En la primera edición, celebrada también con motivo del Día de la Constitución, la DGA premió a los diputados y senadores aragoneses durante la legislatura de la transición. Más concretamente, Mariano Alierta Izuel, José Angel Biel, José Antonio Escudero López, Hipólito Gómez de las Roces, Lorenzo Martín Retortillo, Antonio Piazuelo Plou, Joaquín Tejera Miró, Luis del Val Velilla, e Isaías Zarazaga Burillo.
El Ejecutivo considera al político turiasonense Gabriel Cisneros uno de los padres de la Carta Magna. Para el presidente Jorge Azcón, “injustamente olvidado”. De Cisneros y el resto, se ensalzó su papel “en un periodo especialmente trascendente” para España, donde a juicio del Gobierno “se contribuyó de manera esencial a asentar las bases del sistema democrático”.
Este año, la DGA se reafirma en que “la Constitución de 1978 ha sido el marco de un periodo de convivencia, desarrollo y progreso inédito en la historia de España”. “La consolidación de un sistema democrático maduro, basado en el texto constitucional, debe suponer una garantía de futuro y un soporte esencial para la estabilidad política y social”, añaden en el texto.