Las Cortes de Aragón han aprobado este jueves devolver a trámite parlamentario la nueva Ley de Emergencias, que ha superado el debate a la totalidad por unanimidad. La norma se encontraba en el cajón desde el final de la legislatura pasada y busca adaptar la normativa de 2002 a las características de los nuevos fenómenos, la influencia en los mismos del cambio climático y la perspectiva de la Protección Civil. Otra de las novedades que trae consigo es que el presidente de la Comunidad podrá asumir el mando único en caso de “emergencia integral”, según figura en el texto.
De forma paralela a la actualización de la normativa, la DGA continúa trabajando en los nuevos centros de emergencias. Para el de Huesca, la semana pasada se adjudicó la construcción de la primera fase. Más avanzado está el de Zaragoza, que se ubicará en la Avenida Cataluña, si bien habrá que esperar al menos hasta el primer trimestre de 2026 para verlo en funcionamiento. Permitirá albergar en el mismo espacio del 112 Aragón, el 061, Bomberos o la Policía Adscrita. Para este año hay presupuestados 1,6 millones de los 6,7 que costará, mientras que el resto se reservan para la segunda anualidad, en 2025.
En palabras de la consejera de Presidencia, Interior y Cultura, Tomasa Hernández, “no es un cambio de rumbo sino una evolución adaptada a los nuevos tiempos”. De este modo, se tienen en cuenta, dice, las recomendaciones de la ONU o la Unión Europea. También se incluye a las provincias en la red de Protección Civil, se crea una red de información sobre alertas y alarmas y se integrará la nueva Academia Aragonesa de Emergencias en otra futura de Bomberos. En menos de 18 meses, se contempla del mismo modo la creación de un consorcio autonómico contra los incendios.
Los miembros del anterior Gobierno (PSOE, CHA, Podemos y el PAR) han destacado que la Ley apenas varía desde su redacción. También Izquierda Unida, que votó a favor en el primer debate a la totalidad hace ahora año y medio. Por su parte, Aragón-Teruel Existe ha puesto en valor la necesidad de adaptar la normativa como ya ocurre en otras comunidades.
PP y Vox cumplen así con la palabra de retomar este texto. La propia consejera reconoció en una entrevista con este diario que era el propósito inicial, ya que se podía rescatar buena parte de la Ley paralizada.
