“Actuaremos jurídicamente cuando se rompa el principio de igualdad y se trate a Aragón de forma distinta a otras comunidades”. Con estas palabras, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha anunciado que incrementará la batalla legal contra el Gobierno de España si prosigue la “extorsión” y el “chantaje” que, a su juicio, le tienen sometidos los independentistas catalanes y el resto de socios, después de que este miércoles arañaran nuevas concesiones a Cataluña, como las competencias en inmigración.
Declaraciones que Azcón ha realizado después de presidir una reunión de trabajo de todo el Ejecutivo, con la que se ha dado el pistoletazo de salida al nuevo año, al que llegan, afirma, “con los deberes hechos” y con el Presupuesto de 2024 en vigor desde la última campanada. Unas cuentas que considera que son el “principal instrumento” para “mejorar la calidad de vida de los aragoneses”, sacando pecho de los incrementos en Sanidad, Educación y Bienestar Social y las bajadas de impuestos.
No obstante, la aprobación del Presupuesto no omite la “extraordinaria preocupación” que provoca la “inestabilidad” que el Gobierno de España genera a las comunidades a cambio de “satisfacer las demandas de quien le mantiene en el poder”. “Ayer vimos un chantaje en toda regla de un prófugo de la justicia, que acepta el presidente del Gobierno y que pagamos todos los españoles y los aragoneses. No puede ser que la política del país esté condicionada por las mentiras y el chantaje”, ha sostenido.
Así, Azcón mantiene que llegarán hasta las últimas instancias para evitar que Aragón “quede relegada” a ser una “comunidad de Segunda”, siguiendo la línea del recurso de inconstitucionalidad ante la Ley de Amnistía, que se presentará una vez entre en vigor la norma. “Vamos a rechazar que el chantaje sea a costa de nuestros intereses y de la concesión constante de privilegios al independentismo. Rechazaremos la negociación unilateral de asuntos que nos afectan a todos y se deben discutir en órganos donde estamos representados también los aragoneses y se pactan sólo con Cataluña”, ha expuesto.
INMIGRACIÓN, AYUDAS AL TRANSPORTE, TRASLADO DE EMPRESAS O LA DIGITALIZACIÓN DE LA JUSTICIA
En concreto, el presidente aragonés ha cargado contra la transferencia de competencias de inmigración o un supuesto incremento de ayudas al transporte, que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha justificado que se va a extender al resto de las comunidades, de forma que estas ya no tendrán que complementar el 20% del precio del billete para que Moncloa financie el 30%. “Sánchez y los socialistas aragoneses pueden estar dispuestos a humillarse, pero los aragoneses no. Yo tengo la responsabilidad de defender jurídica y políticamente los intereses de esta Comunidad”, ha afirmado.
Igualmente, el Ejecutivo autonómico va a oponerse a cualquier medida que “suponga incentivar u obligar” al regreso de empresas a Cataluña, lo que significaría, añade, “romper el principio de libertad de empresa”. “Estamos hablando con entidades empresariales de la Comunidad. Es sentido común. Por mucho que quieran, será muy difícil jurídicamente que la libertad de empresa se pueda cercenar, obligando a trasladar los domicilios sociales”, ha reseñado Azcón, que apuesta por ofrecer un “marco fiscal favorable” a las empresas que quieran instalarse en la Comunidad.
Otro asunto que ha levantado las alertas al Ejecutivo, y que ha verbalizado el vicepresidente primero, Alejandro Nolasco, es el incremento de la ayudas a la digitalización de la Justicia en Cataluña, que el Gobierno de España va a multiplicar por cinco, pasando de 1,2 millones a 6,2, cuando “en Aragón tenemos cero euros”. “El PSOE cada día realiza nuevas concesiones a bildu-etarras, separatistas, comunistas y cualquier enemigo del orden constitucional en su objetivo de deshacer España. Nosotros nunca habíamos tenido ni un euro para digitalizar la Justicia. Cataluña ya tenía 1,2 y va a tener 6,2 millones”, ha rechazado el responsable de Desarrollo Territorial y Justicia.
