La DGA impugnará ante el Tribunal Supremo la implantación de placas solares en los embalses
El Consejo de Gobierno ha acordado interponer un recurso ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 662/2024, de 9 de julio, “por el que se establece el régimen al que ha de estar sometida la instalación de plantas fotovoltaicas flotantes en los embalses situados en el dominio público hidráulico en las cuencas hidrográficas, cuya gestión de estas corresponde a la Administración General del Estado, y por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril”.
La Dirección General de Servicios Jurídicos entiende que es jurídicamente razonable el ejercicio de acciones judiciales en el Orden Contencioso-Administrativo por dos "argumentos de peso". En primer lugar, la omisión del trámite de consulta previa. Tal y como se ha interpretado por el Tribunal Supremo en más resoluciones, únicamente puede omitirse en la elaboración de normas reglamentarias de la Administración General del Estado de carácter presupuestario u organizativo cuando, además, concurran razones graves de interés público que lo justifiquen, no se impongan obligaciones relevantes a los destinatarios o se regulen aspectos no esenciales de una materia. Analizado el contenido del Real Decreto, no se cumplen estas circunstancias.
El segundo argumento es la vulneración de los principios de buena regulación. A juicio de los Servicios Jurídicos, en la tramitación del Real Decreto se han infringido, al menos, tres de los principios recogidos en el artículo 129 LPAC: vulneración de los principios de necesidad y seguridad jurídica, de transparencia, no solicitar la evaluación ambiental al órgano promotor y la afección de competencias autonómicas.
Por ello, se considera la interposición del recurso. El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ya anunció en julio la intención del Ejecutivo de crear una normativa que restrinja la instalación de placas fotovoltaicas en nuestros embalses, una restricción que formará parte del próximo Plan Energético de Aragón. Su instalación sobre las aguas se considera desde una medida "con un impacto medioambiental negativo y nociva para el desarrollo económico, turístico y cultural de nuestra comunidad, además de generar un importante perjuicio a los regantes".
La aprobación el pasado 9 de julio por el Consejo de Ministros del Real Decreto afectaría a catorce pantanos aragoneses: Moneva, El Val, Cueva Foradada, Lechago, Gallipuén, Tranquera, Sotonera, El Grado, Montearagón, Ardisa, La Estanca, San Salvador, Búbal y Lanuza.
El Gobierno de Aragón entiende que la Comunidad tiene suficiente territorio, casi el 10% del total de España, como para tener que instalar paneles en estos embalses que, además de acoger numerosas actividades turísticas, deportivas y económicas y jugar un papel fundamental para los regantes, deben garantizar el suministro de agua de riego.