El TSJA tumba la ampliación de Plaza y Lidl se queda en el aire
El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha tumbado la ampliación de la Plataforma Logística de Plaza (Plaza 4.0) en las 240 hectáreas que recalificó el anterior Gobierno de Javier Lambán, anulando así los convenios urbanísticos que permitían expandir este centro neurálgico clave en la comunidad. Un varapalo que deja en el aire la inversión de 100 millones que Lidl tenía prevista en estos suelos, donde iba a levantar un macrocentro logístico internacional que crearía 200 puestos de trabajo.
Ahora, de vuelta a la casilla de salida tras esta anulación, es momento de que el Gobierno de Aragón tome cartas en el asunto. El consejero de Fomento, Octavio López, ha anunciado los próximos pasos a seguir entre los que se encuentran realizar un dictamen jurídico que permita “perfilar el lugar en el que nos encontramos, las soluciones y las alternativas” sin cerrar la puerta a un posible recurso. “Bajamos la pelota al suelo y abrimos un periodo de análisis para tomar la mejor decisión en el menor tiempo posible”, ha remarcado.
Además, ha convocado para el próximo martes el consejo de administración de Aragón Plataforma Logística (APL) y ha citado a la compañía Cipsa Norte, propietaria de los terrenos tras la recalificación junto a la DGA, a una reunión para estudiar el escenario que se abre a partir de ahora. El consejero ha declarado que la sentencia evidencia “que las cosas no se hicieron bien desde el principio”. “Cuando se anunció este proyecto, siendo alcalde de Zaragoza Jorge Azcón, ya advirtió de las dificultades del mismo y se ha demostrado que teníamos razón”, ha remarcado.
SALVAR EL MACROPROYECTO DE LIDL
Como mayor prioridad para el Ejecutivo está garantizar el proyecto de Lidl, condicionado por las fechas, ya que estaba previsto iniciar la construcción en el primer semestre de 2028, y la ubicación. En este sentido, López no ha descartado que la operación pudiera continuar en el mismo emplazamiento si se reactiva Plaza 4.0 desde “un principio de legalidad absoluto” o que el inversor “pueda estar interesado en establecerse en otros suelos de la capital aragonesa o su entorno metropolitano”.
“Tenemos opciones y alternativas suficientes y será Lidl la que nos dirá sus preferencias en función de la ubicación y los tiempos que precisa su inversión, nos ponemos a su entera disposición”, ha señalado. Desde la DGA ya han mantenido las primeras conversaciones con la empresa, y han garantizado una actitud “serena” y de “confianza en las decisiones que pueda adoptar el Gobierno de Aragón”.