Al menos 20 millones de euros: la DGA aprueba el decreto ley para mitigar los daños de la riada
El Gobierno de Aragón da pasos en firme y ya ha dado luz verde este viernes al decreto ley que recoge las bases jurídicas a través de las cuales articular las ayudas con las que hacer frente a la riada que anegó casi una veintena de municipios aragoneses hace siete días. El objetivo es mitigar los daños resultantes después de que el río Aguasvivas arrasase con todo a su paso.
Se calcula que, como mínimo, serán necesarios más de 20 millones de euros procedentes del erario autonómico y se le sumarán las aportaciones también millonarias de los seguros particulares y de las subvenciones que pueda a llegar a aportar el Gobierno de España una vez se declare la zona catastrófica.
Tal y como han explicado tras el Consejo extraordinario celebrado este viernes la vicepresidenta aragonesa, Mar Vaquero, y el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, este decreto ley entrará en vigor este sábado y será a partir del lunes cuando cada uno de los departamentos que posee competencias en este ámbito publique las bases reguladoras a través de las cuales se articularán las ayudas.
Será a partir de entonces cuando podrán comenzar a solicitarse. “Es un paraguas para que los departamentos pongan blanco sobre negro y delimita a los municipios afectados”, ha apuntillado Bermúdez de Castro.
AYUDAS DIRECTAS “CUANTO ANTES”
Desde la Dirección General de Aragón se busca dar respuesta cuanto antes a esta coyuntura en la que los desperfectos sufridos son innumerables tanto en infraestructuras como en servicios municipales. También se ha anunciado que, en primera instancia, se va a hacer efectiva una primera ayuda directa de hasta 150.000 euros para cada uno de los Ayuntamientos afectados. Servirán para acometer obras urgentes en los cascos urbanos en aquellos municipios con tales afecciones.
La inyección económica contemplada por el Ejecutivo autonómico será compatible con otras subvenciones posteriores que se concedan conforme se complete la evaluación técnica de los daños. Este es el primer paso que aporta un marco jurídico propio para actuar “con rapidez y eficacia” pero desde el equipo de Gobierno también se ha insistido en la necesidad de que el Gobierno Central apruebe cuanto antes la declaración de esta zona como gravemente afectada por una emergencia de protección civil.
"El Gobierno de España se hará cargo del 50% de los daños ocasionados. Esto se hace siempre y esperemos que el Gobierno declare la zona como gravemente afectada por una emergencia de protección civil el martes en el Consejo de Ministros. Esperemos que sean ágiles con sus ayudas", ha subrayado Bermúdez de Castro.
Al mismo tiempo, el consejero del ramo ha exigido al Ejecutivo de Sánchez que “levante todos los controles financieros” para que los Ayuntamientos puedan gastar sus remanentes en “resarcir lo más rápido posible” las afecciones. “Algunos municipios cuentan con más de 5 millones de euros. Tienen capacidad económica y pedimos al Gobierno que permita activar esos remanentes”, ha valorado.
¿QUÉ INCLUYE EL DECRETO-LEY?
El decreto-ley aprobado este viernes incluye medidas económicas para la reparación de viviendas (hasta 60.000 en caso de ruita total solo con la aportación del 50% del Gobierno de Aragón), explotaciones agrícolas y ganaderas, así como para establecimientos comerciales, industriales y turísticos. Estas últimas contemplarán un máximo de 300.000 euros por empresa afectada.
También contempla obras de reparación en carreteras (ya valoradas en primera instancia por encima de los siete millones de euros), redes de agua (con obras adjudicadas de urgencia por encima del millón de euros a través del IAA), espacios naturales y sistemas de riego. Además, se habilita la posibilidad de compensar las cuotas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de 2025 para aquellas viviendas y fincas rústicas que hayan sufrido daños directos.
SE APLICA EN 19 MUNICIPIOS
La norma tendrá aplicación en casi una veintena de municipios ubicados en el límite provincial entre Zaragoza y Teruel. Son 12 de la provincia de Zaragoza y 7 de Teruel.
Concretamente, el decreto ley alcanza a los municipios zaragozanos de Aguilón, Almochuel, Almonacid de la Cuba, Azuara, Belchite, Lagata, Letux y Moyuela, en la comarca Campo de Belchite; a Villar de los Navarros (Campo de Cariñena); Herrera de los Navarros (Campo de Daroca) y La Zaida y Quinto de Ebro (Ribera Baja del Ebro).
Entre los turolenses se contemplan Híjar, Azaila, La Puebla de Híjar y Vinaceite, en el Bajo Martín, y Bádenas, Nogueras y Santa Cruz de Nogueras en el Jiloca.