La interventora general del Gobierno de Aragón, Ana Gómez Barrionuevo, ha comparecido este lunes en las Cortes para desgranar la liquidación del Presupuesto de 2024 y los primeros efectos de la prórroga de 2025, que inicia su tercer mes en vigor. Respecto al año pasado, según ha desgranado Gómez, a pregunta del PSOE, el comportamiento de los impuestos cedidos y propios permitió compensar la merma de 87 millones de euros por los efectos de la despoblación en el reparto de la financiación autonómica, conforme a los datos provisionales de cierre del pasado mes de diciembre.
Así, tal como recoge la DGA, la recaudación fue superior conforme a los cálculos iniciales en el IRPF (seis millones más), Patrimonio (siete por encima), a las entidades de crédito, transmisiones patrimoniales, actos jurídicos y documentados o el IVA. A su vez, y al margen de los fondos estatales, esto permitió compensar la bajada de Sucesiones (144,6 millones, nueve menos). En total, la recaudación neta de los impuestos directos superó los 2.372 millones de euros, cuando se estimaron 2.349,8, el balance de los indirectos fue de 2.291,5 frente a 2.281 previstos, y el capítulo de tasas y otros ingresos cayó en cuatro millones (107,2 respecto a 110,9).
A estas partidas se suma el gravamen a las energías renovables, de nueva creación y aplicado por primera vez el pasado ejercicio. Eso sí, los once millones mencionados por la interventora continúan lejos de las previsiones de entre 26 y 28 desde la DGA, o incluso de 30, como señaló el Ejecutivo durante la tramitación parlamentaria del impuesto.
La interventora se ha referido en la Comisión de Hacienda de las Cortes a las sonadas modificaciones presupuestarias en los servicios públicos. Se consignaron alrededor de 90 millones extra para el Salud y en torno a 57 para Educación, si bien nunca estuvo en riesgo el pago de las nóminas de los profesionales por esa infrafinanciación al tener que abonar la subida salarial de los funcionarios, el coste de los nuevos acuerdos sindicales o, en el ámbito sanitario, el reconocimiento de la carrera profesional devengada desde 2019, pero imputada el pasado ejercicio.
Gómez Barrionuevo ha subrayado en este sentido el incremento del denominado capítulo 30, para este tipo de contingencias, fundamentalmente en gastos de personal, que aportó mayor flexibilidad al Ejecutivo para abordar dicha problemática. También en lo relativo a la liquidación de 2024, la responsable del ramo ha aclarado que los fondos europeos han “distorsionado” la ejecución en materia inversora. Por ejemplo, no se han contabilizado los 20 millones correspondientes al Plan Inveat para la mejora de los dispositivos sanitarios, que sí figuraban en las cuentas de 2024. y han variado las cifras de programas finalistas desde el Estado.
También en el capítulo de gasto, la categoría "corriente" incrementó un 21%. El grueso corresponde al pago de facturas pendientes de otros años, hasta 120 millones de euros.
AJUSTADOS A LA PRÓRROGA
Desde la Intervención General se han mostrado abiertos a la posibilidad de realizar modificaciones presupuestarias, bloqueos o retenciones si fuese necesario, para garantizar el correcto funcionamiento de las Consejerías si continúa la prórroga presupuestaria. Es un escenario que todavía no se ha planteado en este primer trimestre de 2025. Como ya adelantó en sede parlamentaria el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, se analizarán las distintas subvenciones nominativas, en algunos casos formalizadas como convenios, pero están aseguradas las de estricto cumplimiento.
De acuerdo a la interventora, la prórroga tampoco supone un problema desde el punto de vista del gasto, ya que no ha cambiado la regla del déficit (0,1%) conforme a la que se elaboró el Presupuesto de 2024, ni para el pago de la deuda, condonación al margen, o a la hora de acudir al extra-fla del Fondo de Liquidez Autonómica. “No debería haber ningún efecto distinto a la de 2019 (el último precedente)”, ha valorado Gómez.
