Giro de timón de calado el recibido por parte del Gobierno de Aragón desde el Ministerio de Hacienda a cuenta de la financiación autonómica. La Comunidad se expone a perder, de entrada, 422 millones de euros al año con el nuevo cálculo, que altera las previsiones publicadas en 2021 al descartar como variables del reparto la despoblación y la orografía. Según los datos de la cartera controlada por María Jesús Montero, el primer factor suponía una inyección anual de 101 millones y el segundo, hasta 320,9. Cifras muy superiores a los 87 millones por los que la DGA solicitó a finales del año pasado la creación de un Fondo de Compensación y paralizó la tramitación de los Presupuestos para 2025.
Se desconoce de momento el impacto total en las arcas autonómicas, y es que a la merma denunciada por el presidente Jorge Azcón este viernes la rodean otros interrogantes, todavía pendientes de cálculo, sobre todo en la prestación de los servicios públicos. Por ejemplo, en educación se podría incorporar en el denominado criterio de población ajustada, la base de las necesidades de gasto de cada región, una extensión hasta la etapa superior (universitaria y FP superior), el número de matriculados reales en estos ámbitos o bien añadir la entrada de los nuevos matriculados procedentes de otras comunidades, que también repercuten en el coste final.
Sucede algo similar con los servicios sociales, donde está sobre la mesa dividir el censo de mayores de 65 años en dos subgrupos (65 a 79 y mayores de 80) ponderados por la tasa de dependientes a nivel nacional en cada tramo. Aragón es una de las partidarias de crear más tipologías en función de la edad. Por otro lado, se prevé incluir un indicador de pobreza y exclusión en función del número de parados no preceptores de la prestación por desempleo en cada Comunidad Autónoma.
De la sanidad, el indicador actual es la denominada población protegida equivalente, calculada cada año para siete tramos de edad, que se podrían ampliar a 20, respecto a quienes se encuentran bajo la cobertura del Sistema Nacional de Salud. La supresión de la despoblación y la orografía de las denominadas variables correctivas, por las que las Comunidades reciben fondos, es una de las decisiones que no están abiertas a debate, según la DGA. En este apartado figuran asimismo condiciones como la superficie, la dispersión territorial, la insularidad, para Canarias y Baleares, y los costes fijos, que Cataluña, Galicia, Andalucía y Valencia rechazan como factor de reparto y donde, a juicio del Ministerio, “no parece haber un claro posicionamiento general”.
En términos globales, la mayor parte acepta el empleo de la población ajustada como variable representativa de las necesidades de gasto, aunque Aragón, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Asturias, Cantabria y La Rioja urgen a analizar el coste real de los servicios, agravado por cuestiones como las citadas dispersión territorial y orografía. Con la nueva propuesta, ponderaría entre un 40% y un 55% la sanidad, 25% a 30% la educación, 6% al 10% los servicios sociales, del 18% al 22% el resto y correctivas supondrían entre el 3% y el 4%.
"SON NOTICIAS EXTRAORDINARIAMENTE PREOCUPANTES"
Para conocer la cantidad final que percibirá la DGA cada año habrá que esperar, además de a la propia aprobación del sistema, uno de los principales frentes del debate político a cuenta del debate catalán, a conocer las nuevas entregas a cuenta y la regla del déficit. Moncloa podría abrir la mano desde el 0,3%, el porcentaje con el que se calcularía el techo de gasto de los Presupuestos autonómicos, al 0,5%. Son hasta cien millones.
“Las noticias son extraordinariamente preocupantes, nunca habíamos estado en un momento de tan extraordinaria peligrosidad”, ha valorado el jefe del Ejecutivo. Para el presidente, supone sacar de la ecuación “dos de las variables más injustas” para favorecer “a los socios independentistas” del Gobierno de Pedro Sánchez de cara a aplicar el modelo singular y la “mal llamada condonación de la deuda”.
