Zaragoza instará al Gobierno de España la cesión de los suelos de la Sareb
El debate sobre la vivienda ha vuelto a tensar las relaciones entre administraciones tras conocerse el acuerdo entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña para la cesión de miles de viviendas y solares de la Sareb. En este contexto, el Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado una moción para reclamar al Ejecutivo central que conceda a Aragón las mismas condiciones en el acceso a suelos y viviendas de titularidad estatal, apoyando de forma expresa la petición del Gobierno autonómico para desarrollar 2.000 viviendas públicas en Zaragoza.
El acuerdo aprobado denuncia lo que considera un agravio comparativo hacia Aragón tras la negativa del Ministerio de Vivienda y de la Sareb a ceder gratuitamente suelos en Zaragoza, pese a la propuesta planteada por el Ejecutivo autonómico desde junio de 2024. Según esa solicitud, los terrenos se destinarían a vivienda pública y revertirían al Estado tras un periodo de 75 años.
Frente a esta negativa, recuerda que el Gobierno de España ha autorizado a la Generalitat de Cataluña la gestión directa de 13.000 viviendas y 300 solares de la Sareb, una diferencia de trato que el consistorio zaragozano considera injustificada y basada en criterios políticos, no técnicos. La alcaldesa, Natalia Chueca, ha denunciado que “en Zaragoza no hay suelos para construir” y que, tras pedirlos “personalmente en varias cartas a la ministra”, solo ha recibido “la callada por respuesta”.
El concejal de Zaragoza en Común, Suso Domínguez, ha situado el debate en el origen de la Sareb y el rescate financiero. “La historia de la Sareb es la historia de un desfalco”, ha expresado, antes de añadir que “se chupó 4.800 millones de préstamos públicos”. Domínguez ha sostenido que “esta moción no da vivienda” y que responde a un objetivo político: “Tiene que ver con las elecciones, tiene que ver con el acoso y derribo al Gobierno de Pedro Sánchez”. También ha advertido de que, si esos suelos se destinan a políticas que “son para el lucro de las inmobiliarias”, “pues igual mejor que se queden donde están”.
Desde Vox, Armando Martínez ha defendido la moción por “el trato discriminatorio que hace el Gobierno de España”. Asimismo, ha calificado el acuerdo con Cataluña como “un premio” y ha criticado la ley estatal, “una ley de vivienda que castiga a los propietarios”. Martínez ha propuesto reforzar el control sobre la Sareb con “una auditoría completa sobre las cesiones, ventas y adjudicaciones” y “un mecanismo permanente de seguimiento y supervisión”. “Los suelos son titularidad de todos los españoles”, ha remarcado, y ha pedido que se adjudiquen a los ayuntamientos en función de las necesidades de cada uno.
Por su parte, la concejal del PSOE, Ros Cihuelo, ha acusado al PP de basar la iniciativa en una premisa “totalmente falsa” y ha defendido que “la Sareb no puede regalar gratuitamente nada,”. Sobre el acuerdo con Cataluña, Cihuelo ha explicado que la Generalitat “ya firmó su primer convenio de 600 pisos en julio de 2014” y que la gestión de 13.000 viviendas “le ahorra muchos millones a la Sareb”. “Por eso pueden cederle los 300 solares. Porque, contablemente, sale equilibrado”, ha afirmado.