La juez tumba el intento del Ayuntamiento de que La Seo y La Magdalena sean de titularidad pública

Zaragoza.- La juez del Juzgado Contencioso Administrativo número 5 de Zaragoza ha dictado una medida cautelar por el que suspende el acuerdo del equipo de gobierno de Zaragoza en Común en el que se decidía emprender acciones para cambiar la titularidad registral de dos iglesias de Zaragoza, La Seo y Santa María Magdalena.

La magistrada ha acordado dicha medida cautelar al no existir, tal y como establecen las disposiciones legales en materia de Régimen Local, un dictamen jurídico previo al ejercicio de cualquier acción por parte de las corporaciones locales.

Expresa en su resolución que el informe presentado por el Ayuntamiento no contiene un solo razonamiento explícito sobre la viabilidad de lo que se pretende llevar a cabo. "Tampoco consta en ese informe –explica- el más mínimo indicio relativo a los posibles de derechos que pudiera ostentar el Ayuntamiento de Zaragoza sobre los referidos templos, para plantear las acciones que se mencionan en el Acuerdo".

Sobre el informe jurídico, exigido por la ley y que debe acompañar este tipo de acuerdos, aclara que su finalidad es que la corporación se encuentre adecuada y debidamente asesorada sobre la procedencia y viabilidad de la acción que se pretende.

Frente a los argumentos del abogado del Ayuntamiento de Zaragoza afirmando que el informe presentado cumple los requisitos, entiende la juzgadora que en dicho informe no existen suficientes manifestaciones para que los miembros de la corporación municipal tengan un conocimiento preciso de las circunstancias del caso y que precisamente se exige para tratar de evitar iniciar un proceso por quien no esté legitimado para ello.

Acuerda por tanto a la adopción de la medida cautelar para garantizar el uso reflexivo de acciones judiciales por parte de las Corporaciones Locales.

El Ayuntamiento de Zaragoza estudia recurrir el auto

El portavoz del Gobierno de Zaragoza, Fernando Rivarés, ha reaccionado este miércoles al auto de la juez que suspende el acuerdo de gobierno de ZEC para inmatricular La Seo y La Magdalena y ha apuntado que están estudiando un posible recurso a la medida cautelar del auto. 

En declaraciones a los medios de comunicación, Rivarés ha explicado que todavía no le ha dado tiempo a leer el auto y ha apuntado que éste ha llegado antes a los medios de comunicación que al Ayuntamiento de Zaragoza.

El edil de Economía ha asegurado que los servicios jurídicos del Ayuntamiento están estudiando actualmente la resolución para decidir si la recurren o no. 

También ha puntualizado que ni el Gobierno de España ni el Gobierno de Aragón han contestado a los requerimientos que hizo el Ayuntamiento de Zaragoza para que se pronunciaran sobre la titularidad pública de ambos templos sagrados.

El PP pide a ZeC "que deje de hacer la risa"

Tras conocer el auto de hoy del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Zaragoza que suspende el acuerdo del Gobierno de Zaragoza en Común para iniciar acciones judiciales contra las inmatriculaciones de las iglesias de La Seo y La Magdalena, el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Zaragoza, Jorge Azcón, ha pedido a Santisteve que “deje de hacer la risa en los tribunales” y pare en su empeño de “hacer daño a la credibilidad de la institución”. 

Azcón cree que este nuevo varapalo judicial al Gobierno de Zaragoza pone en evidencia “la arbitrariedad y la inseguridad jurídica en la que ZeC ha sumido al consistorio zaragozano” y considera que “han puesto la Asesoría Jurídica al servicio de sus intereses de partido en lugar de servir a los intereses de todos los zaragozanos”. En este sentido, ha recordado que “hasta la llegada de Santisteve a la alcaldía, la Asesoría Jurídica siempre había estado al servicio de la Ley y no del gobierno de turno”.

De hecho, el portavoz popular se ha referido a la “contundencia” del auto y ha asegurado que “desnuda completamente el acuerdo adoptado contra las inmatriculaciones”, ya que “la decisión se adoptó en base a un informe que no razonaba la viabilidad de las acciones judiciales, carecía de argumentos para justificar la actuación municipal y no cumplía con las funciones de la Asesoría Jurídica”. Por eso, Jorge Azcón lamenta el “uso partidista” de la institución “a sabiendas de que el procedimiento iniciado no podía prosperar de ninguna manera”.