Dudas sobre la apertura del futuro Parque de Atracciones de Zaragoza: qué está ocurriendo
El futuro del Parque de Atracciones de Zaragoza ha centrado el debate del último pleno municipal, marcado por la incertidumbre sobre su apertura y la situación laboral de sus trabajadores. El Pleno ha rechazado, sin embargo, la moción del PSOE que proponía crear una comisión de seguimiento del contrato para reforzar el control y la transparencia del proceso, así como medidas para proteger el arbolado y garantizar la estabilidad laboral. Los socialistas defendieron la iniciativa ante las dudas que, a su juicio, rodean la adjudicación y el desarrollo del proyecto.
El concejal socialista Horacio Royo ha advertido de que la gestión municipal ha colocado en riesgo a los 81 trabajadores del parque, abocados a un ERTE, y ha subrayado que no existe garantía de apertura ni el 1 de mayo ni durante 2026. También ha cuestionado la prórroga en la entrega de las instalaciones y la falta de explicaciones sobre los plazos. Desde el PSOE se ha justificado el voto favorable a la moción como una herramienta para fiscalizar el contrato y exigir transparencia ante una situación que califican de "muy seria".
En la misma línea, Zaragoza en Común ha apoyado la propuesta y ha puesto el foco en el propio proceso de licitación. Su concejal Suso Domínguez ha recordado que solo se presentó una oferta y que el proyecto obtuvo una baja valoración técnica, además de señalar deficiencias en materia ambiental y de planificación. Para ZeC, estas circunstancias evidencian la necesidad de un mayor control público sobre la ejecución del contrato.
EL GOBIERNO DEFIENDE EL PROYECTO
La portavoz de Vox, Eva Torres, ha coincidido en señalar la incertidumbre del proyecto, especialmente por la situación preconcursal de uno de los socios de la adjudicataria y su deuda con el Ayuntamiento de Zaragoza. También ha cuestionado la viabilidad económica del modelo y ha pedido prudencia antes de acometer inversiones públicas en el entorno. Sin embargo, su grupo ha votado en contra al considerar que una comisión de seguimiento no resolvería los problemas actuales y que la prioridad debe ser aclarar la solvencia del proyecto.
Por su parte, el consejero de Presidencia, Ángel Lorén, ha defendido la actuación del Gobierno municipal y ha rechazado las críticas de la oposición. Ha asegurado además que el pliego garantiza inversiones superiores a 15 millones de euros y cuenta con avales de 600.000 euros, y ha sostenido que la prórroga en la entrega de las instalaciones responde a una decisión técnica en la que el Ejecutivo no ha intervenido.