La Audiencia Provincial de Zaragoza ha vivido esta semana un juicio algo poco usual al sentar en el banquillo a un total de 22 acusados, aunque uno de ellos no acudió finalmente. Se les acusa de formar parte de una red de tráfico de drogas en distintos puntos de la capital aragonesa y con sustancias estupefacientes involucradas como speed, cocaína, marihuana e incluso pastillas. Aunque originalmente la Fiscalía pedía para ellos penas de cárcel que superaban los 150 años, ya que también les imputa por un presunto delito de pertenencia a grupo criminal, tras la vista oral esa cifra se ha rebajado a 105 años entre todos.
En un juicio oral que ha durado dos días y ha congregado hasta once de los más conocidos abogados penales en el lado de la defensa, la investigación se llevó a cabo entre 2022 y 2023, iniciada por el seguimiento a Samuel S. J., presunto vendedor de droga al menudeo. A raíz de este primer acusado, que ahora mismo se encuentra en la cárcel de Zuera, la Policía Nacional fue tirando del hilo y logrando más y más nombres. Todo ello a través de escuchas telefónicas al intervenir los terminales de los imputados por tráfico de drogas.
Precisamente este ha sido un punto que muchas de las defensas han sacado a relucir durante la vista oral ante los magistrados de la Sección Sexta de la APZ, con la magistrada Pilar Lahoz al frente de esta causa. “No existe cotejo alguno en las llamadas y tampoco aparecen los datos del teléfono aplicados a ninguno de mis representados”, llegó a decir José Luis Melguizo, letrado que defiende al acusado de ser uno de los cabecillas, Remberto B., entre otros. “Tenemos que hacer un acto de fe para vincular los teléfonos intervenidos con los de los acusados”, prosiguió el abogado de la defensa. Algunos de los letrados han llegado a pedir incluso la nulidad del juicio por irregularidades a la hora de intervenir los teléfonos.
LOS ACUSADOS SE DECLARAN CONSUMIDORES ASIDUOS
Otros de los acusados ni siquiera se han reconocido en las conversaciones telefónicas intervenidas y que se pudieron escuchar el pasado miércoles en la sede de la APZ, en Galo Ponte. Durante el turno de las declaraciones de los procesados, la mayoría sostuvo no pertenecer a una red criminal de tráfico de drogas; y si alguna vez se dedicó al menudeo, lo hizo para el autoconsumo. “Soy consumidor desde los 16 años, incluso tengo una discapacidad acreditada por la adicción”, dijo uno de ellos ante los magistrados, afirmando que ha estado en Proyecto Hombre hasta cuatro veces.
“Tomaba entre 3 y 5 gramos diarios de droga”, manifestó otro de los acusados, defendido por la abogada Soraya Laborda. “Me pillaron con 90 gramos de hachís en casa pero era para mi consumo, no me encontraron nada más”, ha señalado otro de los imputados, representado por la letrada Carmen Sánchez Herrero. Otro de ellos incluso trabajaba en un conocida empresa de seguridad y presuntamente usaba su furgoneta para transportar la droga de un sitio a otro.
La Policía, según las pesquisas recabadas durante casi un año, llegó a requisar sustancias estupefacientes en hasta dos domicilios, y también intervino en varios pases de drogas, llegando a cazar paquetes de un kilo de speed o pastillas de MDMA por valor de 10.000 euros. José W. M. B. llegó incluso a ser cazado con más de 2.000 gramos de cocaína valorada en 140.700 euros mientras viajaba en un vehículo durante un trayecto presuntamente dirigido por Remberto B.
El total de los 22 acusados han sido defendidos por los abogados José Luis Melguizo, Soraya Laborda, Alejandro Sarasa, Carmen Sánchez Herrero, José Luis Calonge, José Cabrejas, Olga Oseira, José García Berenguer, Bartolomé Arranz y Javier Checa, entre otros. Las penas privativas de libertad solicitadas por el Ministerio Público ascienden a los 105 años de cárcel que suman entre todos los imputados por múltiples delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal.
