Juzgan en Zaragoza a dos hombres que fueron a comprar hachís y cocaína en El Gancho con dos menores

Otro episodio sospechoso por el posible tráfico de drogas en el barrio de El Gancho que ha llegado a los juzgados de Zaragoza.
photo_camera Otro episodio sospechoso por el posible tráfico de drogas en el barrio de El Gancho que ha llegado a los juzgados de Zaragoza.

Otro episodio sospechoso por el posible tráfico de drogas en el barrio de El Gancho que ha llegado a los juzgados de Zaragoza. Los acusados son dos hombres que fueron interceptados por la Policía en la plaza de Santo Domingo cuando iban montados en un coche con dos menores a bordo. Tras el registro del vehículo, se incautaron hachís y cocaína en cantidades superiores a las permitidas para el consumo propio, y una vez ya en calabozos, a uno de los implicados se le encontró una nueva dosis de cocaína escondida en el pantalón. La Fiscalía pide hasta dos años de cárcel para cada uno.

Los hechos se remontan a la madrugada del 27 de noviembre de 2022, cuando G. A. G. pilotaba los mandos de un turismo que estaba aparcado en las inmediaciones de la plaza de Santo Domingo, en El Gancho. En el vehículo también iban R. G. P. y dos menores, una chica y un chico al parecer. En un momento dado, una patrulla de Policía Nacional les divisó, acercándose a ellos con la intención de saber qué hacían ahí parados. “Es una zona donde suele haber tráfico de sustancias”, ha llegado decir uno de los agentes actuantes ante la Sección Sexta.

Los mismos agentes observaron cómo los sospechosos intentaron desprenderse de enseres conforme se iban acercando a ellos. Durante el cacheo de los dos acusados y el registro del vehículo, se encontraron varias bolsas con hachís y algo de cocaína en la parte trasera. “Era una bola de hachís muy bien prensada, no creo que fuera para su consumo”, ha llegado a decir otro de los dos Policías que ha declarado en el juicio celebrado esta mañana en la Audiencia Provincial.

“NOS DIJERON QUE HABÍAN COMPRADO LA DROGA PARA METERLA EN LA CÁRCEL”

“Acabamos de venir de comprar la droga y es para un amigo que está en prisión”, manifestó espontáneamente R. G. P., uno de los dos acusados, nada más encontrar las sustancias estupefacientes el día de los hechos, tal y como ha relatado el Policía. Durante la vista oral, el imputado por un presunto delito contra la salud pública ha sostenido que la droga que le incautaron era para consumo propio. “Suelo consumir speed y hachís pero cuando tengo algo más de dinero, compro cocaína, también para mi consumo”, ha explicado el mismo acusado.

Durante el registro del coche también se encontró una báscula de precisión, aunque el acusado ha mantenido que la lleva cuando va a comprar droga para que “no le den gato por liebre”; es decir, que no le pongan menos cantidad de la que él está pagando. Ya en dependencias policiales y mediante un cacheo más exhaustivo, se le encontró una nueva dosis de cocaína escondida entre la pierna y el pantalón. En total, la cantidad de droga asciende a casi 145 gramos de hachís y 11,77 gramos de cocaína.

LA DEFENSA SOSTIENEN QUE LA DROGA ES PARA CONSUMO PROPIO

El la defensa del principal acusado, en manos del letrado Alejandro Sarasa, ha asegurado que pese a la cantidad elevada de droga, toda ella es para dispendio propio de su cliente, consumidor asiduo. En los análisis de orina realizados a R. G. P. se ha demostrado su consumo de cannabis y anfetaminas, pero no de cocaína. “No ha salido cocaína en los análisis porque mi cliente consume normalmente speed, excepto cuando tiene más dinero, como en este caso, que ganó un premio en las tragaperras y se lo gastó en cocaína”, ha mantenido el abogado defensor. Pide su absolución, al igual que la otra parte de la defensa para el segundo acusado, G. A. G.

Un argumento que no convence al Ministerio Fiscal, quien cree que “hay pruebas evidentes de tráfico de drogas”, además de las “diferentes versiones de los hechos durante el proceso judicial por parte de los acusados” y superar con creces las cantidades permitidas para consumo propio según el Instituto Nacional de Toxicología. Por ello, interesa una condena de dos años de cárcel para cada uno y una multa de 2.000 euros. Algo excesivo para el abogado de la defensa, Alejandro Sarasa, quien ha pedido “no encorsetarse en estas cantidades fijadas en 2001 y tener en cuenta la jurisprudencia posterior de la propia Audiencia Provincial para este tipo de delitos”.

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