Ocho detenidos y 48 investigados en Zaragoza por vender carne, pescado y marisco caducado

Jamones almacenados
photo_camera La investigación ha concluido con la destrucción de 25.000 kilos de productos alimenticios

La Operación Opson XII, coordinada por Europol, ha supuesto la investigación de hasta 100 personas en España en la lucha contra el fraude alimentario. De hecho, el número de detenidos hasta el momento se eleva a 13, ocho de ellos en Zaragoza, mientras que el Seprona ha detectado hasta 1.294 infracciones administrativas.

En concreto, en la capital aragonesa, la Comandancia de Zaragoza de la Guardia Civil investiga a un grupo delictivo por la comercialización de productos caducados. Durante la investigación se ha detectado una línea de origen cárnico y otra de pescado y mariscos sin las autorizaciones preceptivas y falsificando los etiquetados.

Durante la investigación, se ha detectado una línea de origen cárnico y otra de pescado y mariscos

La operación ha concluido con la detención de ocho personas y 48 investigados, así como con la localización, intervención y destrucción de 25.000 kilos de productos alimenticios.

A lo largo y ancho del territorio nacional, los agentes han realizado más de 2.000 inspecciones y registros en centros de distribución, almacenes, medios de transporte, puertos y aeropuertos.

En las infracciones penales se detectan varios modus operandi: desde la falsificación de documentos para la importación de productos deficientes o incumpliendo los requisitos legales existentes en España, así como falsificación de efectos timbrados o precintos de los propios envases.

A lo largo del territorio nacional, los agentes han realizado más de 2.000 inspecciones

La operación Opson ha contado con la participación de 25 países (18 Estados miembros de la UE y 7 países europeos), con el apoyo de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (Olaf), la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea (DG Sante), la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea (DG AGRI) y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), así como las autoridades reguladoras alimentarias nacionales y socios del sector privado.