Una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil ha desarticulado una red de explotación laboral que tenía su base en Zaragoza y mantenía hacinadas a más de 20 personas en una vivienda de Caspe. En total, han sido liberadas 45 víctimas en fincas agrícolas de Aragón, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana y Extremadura, donde vivían y trabajaban en condiciones infrahumanas.
La investigación, bautizada como “Operación Lhotse-Tiger”, ha sacado a la luz una trama de trata de seres humanos con fines de explotación laboral que operaba a nivel nacional con epicentro en la provincia de Zaragoza. Según informan ambos cuerpos policiales, la organización estaba liderada por personas de origen pakistaní y argentino, que captaban a las víctimas prometiéndoles empleos dignos en el campo español.
LA TRAMA TRAÍA PERSONAS DE NEPAL, PAKISTÁN E INDIA
Los afectados, en su mayoría procedentes de Nepal, Pakistán e India, eran traídos a España y alojados en condiciones deplorables. Muchos de ellos dormían en colchones tirados en el suelo, con un solo baño para decenas de personas y bajo constante vigilancia. En Caspe, Zaragoza, fueron localizados más de 20 trabajadores hacinados en una misma vivienda, sin documentación y con claras señales de haber sido explotados.
La red operaba también en otras comunidades autónomas como Castilla y León, Extremadura, Comunidad Valenciana y Cataluña. Pero fue en Aragón donde se produjeron algunos de los hallazgos más alarmantes y donde residían los principales cabecillas. Tres personas fueron detenidas en Caspe, dos de ellas identificadas como líderes del grupo criminal.
LES HACÍAN PAGAR 100 EUROS AL MES POR EL ALOJAMIENTO
Los explotadores cobraban a las víctimas 100 euros al mes solo por el alojamiento, además de siete euros diarios por llevarlas hasta las fincas agrícolas. En algunos casos, también actuaban como intermediarios con los empresarios, a quienes ofrecían mano de obra barata a cambio de una parte del salario de los trabajadores.
Las condiciones en las que vivían eran propias de la esclavitud moderna. Las víctimas no solo carecían de derechos laborales básicos, sino que además estaban totalmente controladas y expuestas a amenazas si intentaban escapar. Algunas llegaron a vivir en estado de mendicidad.
La operación arrancó en 2024 tras una inspección laboral en una nave de Ávila, donde se descubrió a varios temporeros asiáticos en situación irregular. Paralelamente, en Cáceres fueron hallados siete trabajadores nepalíes explotados en una explotación agrícola, lo que permitió trazar vínculos con otras provincias.
AÑO Y MEDIO DE INVESTIGACIÓN Y NUEVE DETENIDOS
El punto de inflexión se produjo cuando los agentes localizaron en Zaragoza el centro de operaciones logísticas de la red. Tras año y medio de pesquisas, se llevaron a cabo registros en dos domicilios de Caspe donde se detuvo a tres personas y se liberó a más de una veintena de víctimas. Tres de los nueve arrestados en total han ingresado en prisión provisional.
Los delitos que se les imputan son trata de seres humanos con fines de explotación laboral, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones ni actuaciones en otras comunidades autónomas.
Desde los cuerpos de seguridad han subrayado la importancia de la colaboración entre Guardia Civil y Policía Nacional para desarticular redes que atentan contra los derechos humanos más básicos.
