Juzgan en Zaragoza a un matrimonio por la mutilación genital de su hija: "No lo habría consentido"
La Audiencia Provincial de Zaragoza ha celebrado este jueves una vista marcada por el desconcierto médico y el choque entre dos relatos sobre una mutilación genital femenina. Un matrimonio originario de Senegal ha sido juzgado por un delito de lesiones graves tras detectarse en su hija, hoy de 11 años, una ablación leve. La Fiscalía pide siete años de prisión para cada uno, además de la retirada de la patria potestad y una indemnización conjunta de 3.000 euros. La esencia del asunto es cuándo ocurrieron los hechos, ya que aunque no fueran cometidos en España, sí pueden ser penados en el caso de haberse producido una vez la familia ya tenía arraigo en la capital aragonesa, donde viven actualmente.
El padre ha sostenido que la práctica se produjo en Senegal cuando la menor tenía alrededor de un año y pocos meses, antes de viajar a España en 2017. Ha explicado que fue su mujer quien le comunicó por teléfono que los abuelos paternos habían cortado a la pequeña mientras ella trabajaba. "Eso no es normal, no se puede hacer eso", ha dicho ante el tribunal de la Sección Tercera, insistiendo en que él nunca lo consintió y que en su familia luchan para que estas prácticas desaparezcan. También ha asegurado que en el país de origen la ablación se practica habitualmente entre los cero y los 18 meses y que "habría impedido cualquier intento posterior".
La madre de la menor ha ratificado esa versión. Ha relatado que dejó a su hija al cuidado de su abuelo y que cuando regresó ya la habían mutilado. La progenitora y acusada ha dicho que la llevaron a un centro de salud en Senegal, que cicatrizó bien y que cuando llegó a España estaba recuperada. Ha negado con firmeza que la ablación ocurriera durante su estancia en Senegal entre julio de 2022 y junio de 2023, periodo que la familia pasó allí mientras el padre regresó antes a Zaragoza.
LA DUDA MÉDICA EN EL CENTRO DEL JUICIO
El primer pediatra que atendió a la menor en 2017 ha resultado determinante para la acusación del Ministerio Público. Ha afirmado que examinó a la niña con una exploración general y que los genitales eran "totalmente normales". Ha insistido en que, de haber observado un corte, "habría quedado reflejado en la historia clínica". Además, ha recordado que, precisamente por su origen, advirtió a los padres de que la mutilación está prohibida en España.
La pediatra que la atiende en la actualidad, sin embargo, ha aportado un relato distinto. Ha explicado que en 2019 no anotó nada relevante porque no observó anomalías, aunque en 2024 sí detectó una alteración sutil que la llevó a fijarse mejor. "Era poca cosa, como una mutilación parcial", ha aseverado. Ha añadido que los padres no mostraron sorpresa porque ya sabían del "corte pequeño" y que la suya era la segunda ablación leve que veía en consulta, "siendo ésta mucho menor que la otra, más grave y exagerada que la de este caso".
EL INFORME FORENSE Y LOS DOS ESCENARIOS POSIBLES
Los especialistas del Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) han concluido que la lesión corresponde a una ablación tipo 1, la categoría más leve según la OMS. Han declarado que, en niñas pequeñas, puede pasar inadvertida en una exploración general y que se hace más visible con el desarrollo. Han manifestado que la cicatriz parece más antigua de un año y compatible con haber ocurrido cuando la menor tenía uno o dos años. También han sido claros al señalar que, si la mutilación se hubiese practicado con ocho, nueve o diez años, la niña lo recordaría, algo que no ocurre según el testimonio de la menor, con quien se entrevistaron psicólogas y trabajadoras sociales.
Con estos datos, el fiscal ha sostenido que "la cuestión no es si hubo mutilación, sino cuándo se produjo". Ha defendido que existen indicios en ambos sentidos, aunque considera que la ocultación pudo darse tras el viaje de 2022. Por ello, ha mantenido su solicitud de siete años de prisión y retirada de la patria potestad para ambos progenitores.
La defensa, en manos de la abogada Victoria Jiménez Alfaro, ha pedido la absolución. Ha recordado que los forenses consideran posible que el primer pediatra no viera la lesión por la corta edad de la niña y que el desarrollo corporal la haya hecho visible después. Ha resaltado que la hermana pequeña también viajó a Senegal y no tiene mutilación, un argumento que, según la defensa, descarta una práctica reciente.
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