Complejo entuerto el dirimido este miércoles en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza por una presunta revelación de secretos de dos agentes de la Policía Nacional. El denunciante es un antiguo amigo del principal acusado, Carlos F. B. M., quien le acusa de consultar en bases de datos policiales aspectos sobre su vida económica así como los hoteles en los que se alojó con su amante. Todo ello se habría realizado presuntamente con la finalidad de informar a la entonces mujer del hombre denunciante aunque ellos lo niegan. Los dos agentes, cuyas acciones fueron estudiadas por la Unidad de Asuntos Internos en Madrid, defienden que esas consultas fueron hechas a petición del propio delator y también para proteger a su ahora exmujer.
La Fiscalía considera que solo uno de los dos policías procesados, quienes además son hermanos, habría incurrido en un delito de revelación de secretos. Sin embargo, la acusación particular, en representación del denunciante, incluye a Ana I. B. M. en la petición de penas, que entre los dos suma más de siete años de cárcel.
ACCESOS A LA BASE DE DATOS DE LA POLICÍA POR UNA INFIDELIDAD
Con dos partes claramente enfrentadas en el procedimiento, los hechos se remontan cuatro años atrás, en el contexto de la época estival en un pueblo de la provincia de Zaragoza donde todos los implicados solían coincidir. Según el principal acusado, fue el denunciante quien le pidió que consultara su propia información en la base de datos policial para “comprobar si le podían relacionar con una infidelidad que estaba cometiendo hacia su mujer”. “Yo le dije que por mi experiencia profesional sí se le podía vincular”, ha manifestado Carlos F. B. M., admitiendo así las consultas en la base de datos.
No obstante, ha negado que esto se lo dijera a la mujer de su entonces amigo, quien también ha declarado esta mañana en favor de los acusados. Más tarde, en el verano de 2023, el matrimonio entre ella y el denunciante ya se habría roto por completo, y en plenos trámites de divorcio, ella le llegó a denunciar hasta ocho veces por presunta violencia de género. “La segunda vez que consulté la base de datos fue porque ella me pidió que mirara si le habían notificado la orden de alejamiento vigente, ya que estaba por el pueblo y tenía miedo de encontrarse con él”, ha señalado el policía acusado. Ante preguntas de las partes, ha sostenido que lo hizo como “profesional” y no como “amigo”. “Comprobé que no estaba en el pueblo y se lo dije a ella para tranquilizarla”, ha mantenido.
“NO HE TRAFICADO CON NINGÚN DATO, LO HICE POR UN TEMA POLICIAL”
La también procesada por estos hechos, Ana I. B. M., ha ratificado la misma versión contada por su hermano. La acusación particular, en manos del abogado Antonio Torrús, le acusa de haber realizado asimismo una consulta en la base de datos policial. Ella también ha confesado haberla realizado para comprobar la orden de alejamiento que pesaba sobre el ahora denunciante. “Consulté una vez y no se lo dije a nadie. No he traficado con ningún dato y ese acceso está totalmente justificado por un tema policial”, ha apostillado.
Resulta, además, que ella es la exmujer del actual jefe y comisario de la Brigada Provincial de Policía Judicial, quien también ha declarado esta mañana en calidad de testigo para defender al denunciante. En su intervención ha explicado cómo su amigo acudió a él pidiéndole consejo para saber de qué manera actuar ante “las sospechas que tenía de que alguien había mirado su estancia en hoteles y se lo había contado a su mujer” (amiga de los acusados y ahora exmujer del denunciante). “Yo le transmití lo que yo haría, que era contratar a un abogado y presentar una denuncia”, ha dicho el comisario.
UNA “RADIOGRAFÍA COMPLETA” DE LA VIDA DEL DENUNCIANTE
Y así lo hizo el denunciante. Tanto que el tema llegó a Asuntos Internos de la Policía Nacional, en Madrid, donde se hizo un análisis de estos presuntos reprochables comportamientos por parte de los acusados. Las conclusiones apuntan a que Carlos F. B. M. hizo “una radiografía completa” tanto del su entonces amigo como de su amante, una “derogación de todos los ámbitos de la vida”, según las palabras de los miembros de Asuntos Internos, quienes no aprecian “que haya legitimidad en las consultas y accesos como consecuencia de ninguna investigación”. “Tener la llave de una casa no te permite acceder a ella sin estar autorizado”, han explicado a modo de metáfora sobre los accesos que la Policía Nacional tiene a los datos de la ciudadanía.
La defensa de los dos procesados, representada por la abogada Pilar Sangorrín, sostiene la libre absolución de ambos. La acusación particular, no obstante, considera graves los hechos e interesa cinco años de cárcel para el acusado, así como una multa de 10.800 euros y doce años de inhabilitación para ejercer en el Cuerpo de Policía Nacional. Para ella, la pena solicitada es de dos años y seis meses de prisión, 6.500 euros de multa y seis años de inhabilitación. El Ministerio Fiscal solo observa revelación de secretos en el varón, para quien pide dos años y seis meses de privación de libertad.
La vista oral del juicio, presidido por el magistrado Mauricio Murillo, se ha tenido que suspender tras cuatro horas, a falta de dos testigos, las conclusiones y los informes finales de las partes, para el próximo 30 de junio.
