Una red criminal que legalizaba la situación de extranjeros irregulares de ciudadanos argelinos y marroquíes en Borja y alrededores ha sido desmantelada con la detención de 11 personas. Esta organización se dedicaba a formalizar empadronamientos, contratos de trabajo y otras gestiones de forma fraudulenta con la ayuda de personas españolas que cobraban por ello; contribuyendo a regularizar la situación de extranjeros que residían ilegalmente en España, Francia y Bélgica.
La operación Tropel se inició a finales de 2023 por la Guardia Civil tras detectar un aumento inusual de los empadronamientos en la comarca de Tarazona, siendo especialmente relevante en la localidad de Borja y limítrofes. Fruto de las investigaciones, estos empadronamientos irregulares se constataron en distintas poblaciones de Zaragoza llegando al centenar de expedientes fraudulentos.
La organización criminal actuaba de forma coordinada, desarrollando las acciones necesarias para perfeccionar esta regularización ilegal de los trámites administrativos. Entre ellos, el traslado de los extranjeros que habían entrado tanto en España como Francia, de manera irregular, hasta la provincia de Zaragoza.
IMPLICADAS PERSONAS ESPAÑOLAS QUE RECIBÍAN DINERO A CAMBIO
Una vez en esta provincia formalizaban los empadronamientos en domicilios de personas españolas que recibían un beneficio económico a cambio de facilitar la dirección de su vivienda como lugar de residencia ficticia de los extranjeros, cuya cuantía oscilaba entre los 400 y 800 euros.
Además, los integrantes de la red también realizaban otras actuaciones fraudulentas como solicitudes de arraigo por trabajo o trámites para la formación laboral. La primera fase de explotación de esta operación se desarrolló entre los días 8 al 14 de julio, procediéndose a la detención de 11 personas, y llevándose a cabo un registro en el domicilio de uno de los líderes de la organización criminal el pasado 10 de julio en la localidad de Borja, donde se localizó documentación relevante en la investigación, así como dispositivos electrónicos y almacenamiento, que evidenciaban la actividad delictiva que realizaban.
De esta manera, a los detenidos se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, falsedad documental y contra el derecho de los trabajadores. Quedaron a disposición judicial tras las detenciones, decretándose el ingreso en el Centro Penitenciario de Zuera de uno de los responsables de la red. La Guardia Civil no descarta que se produzcan más detenciones.
