Zaragoza.- La decisión del Tribunal Supremo español que establece que son los clientes de la banca los que deben pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados en el caso de los contratos hipotecarios, señala la definitiva pérdida de la confianza de los consumidores españoles en el Poder Judicial, según la Unión de Consumidores de Aragón. En un comunicado, apuntan que este martes será recordado como "el día en el que los ciudadanos españoles se enfrentaron a varias evidencias en relación a la administración de Justicia de nuestro país".
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