Zaragoza.- Unos 30.000 aragoneses podrán reclamar alrededor de 90 millones de euros por el pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados al que han hecho frente al firmar su hipoteca. Un dato que ha dado a conocer el consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Fernando Gimeno, apenas un día después de que el Tribunal Supremo haya dictado una sentencia que indica que este tributo tenían que haberlo afrontado los bancos y no los ciudadanos.
Estas declaraciones de Gimeno se han producido antes de hacerse público que la decisión del TS va a volver a revisar la sentencia.
Según explicaba Gimeno antes de conocer esta paralización de la sentencia, son 30.000 los expedientes que se han registrado en Aragón durante los últimos cuatro años que, en un principio, son los que pueden reclamar este reingreso. Como este impuesto lo ha recaudado la Comunidad Autónoma, Gimeno ha remitido este mismo viernes una carta a la ministra de Hacienda para "pedir que se reúna a los responsables tributarios de toda España y se estudie el problema en profundidad y busquen una solución rápida". También cree que, a continuación, "se deberá reunir el Consejo de Política Fiscal y Financiera para que las comunidades autónoma decidamos, sin perjuicio de la competencia del Estado de regular este tributo".
No tendrá efecto en los ingresos y gastos de la CCAA
Aunque Gimeno ha reconocido que esta sentencia es "de una envergadura enorme", mantiene que el efecto en las arcas de Aragón va a ser "neutro" porque "pague uno u otro -ciudadanos o bancos-, no va a tener repercusión sobre los ingresos y los gastos de la Comunidad Autónoma".
Eso sí, reconoce que es un asunto "complejo" porque "hay matices en la interpretación de la sentencias que aún hay que aclarar" y "hay que ver todas las implicaciones que tiene", además de que "ha supuesto la anulación de un artículo del reglamento sobre el tributo". Por ello, añadía, "pensamos que tiene que resolverse de la misma forma en toda España"
