El Gobierno aprueba el último decreto para trasladar a menores migrantes a Aragón y las comunidades
La DGA, que alega sobreocupación, podría acoger 251 personas más
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el último real decreto-ley para activar el traslado de menores migrantes de Canarias y Ceuta a las distintas Comunidades Autónomas, si bien no se han aportado nuevos plazos. Se trata del texto que determina la capacidad ordinaria de acogida. Hasta 251 podrían recalar en Aragón ante la oposición de un Ejecutivo regional que ha emprendido una batalla judicial contra el reparto aunque no incumplirá la ley, como han reconocido sus representantes en distintas ocasiones desde el pacto entre PSOE y Junts que desatascó el mecanismo para reubicar a estas personas, unas 3.900 en total.
La reunión en Moncloa ha marcado a su vez el inicio de un nuevo curso político tras las vacaciones, que en materia migratoria arranca como finalizó el anterior. En el caso de Aragón, la DGA ha insistido en la sobreocupación de sus servicios, gestionados con medios propios y de la mano de asociaciones como Cruz Roja, Accem o Apip Acam, entre otras. También, a raíz de la polémica por el incendio en un centro de menores de Teruel, en la complejidad de dar cabida a ciertos perfiles que, según la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, podrían tener mejor encaje en reformatorios.
Tampoco convencen las nuevas fórmulas de financiación. El nuevo sistema rebajaría, tal como apuntó la propia Susín, la consignación por persona y día a 35 euros desde los 145 actuales para la denominada acogida voluntaria. En la práctica, la responsable del ramo añadió que esto solo permitiría cubrir su atención durante 90 días, pues el montante total ascendería a tres millones de euros.
Las Comunidades Autónomas sobreocupadas podrán acogerse a un fondo adicional del Ministerio de Juventud e Infancia de 100 millones de euros. No obstante, estas deberán cumplir la condición, de forma prolongada, de acreditar un número de plazas de acogida por encima de la media total del estado español por cada 100.000 habitantes.
Fuentes del Gobierno de Aragón han explicado antes de la reunión del Consejo que el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) ha citado a las entidades que trabajan con el Ministerio de Inclusión en programas de protección internacional, ante la posible llegada de los menores. El Ejecutivo desconoce si estos han llegado, si lo van a hacer a través de dichos mecanismos o qué administración va a asumir la tutela. Reiteran estar trabajando desde la “responsabilidad” de la situación y acusan a Moncloa de “deslealtad”.
A lo largo de los últimos meses, la DGA ha presentado una batería de iniciativas judiciales contra el reparto de menores, de momento, infructuosa. La Audiencia Nacional desestimó sus recursos contra las convocatorias de la Conferencia Sectorial de los pasados meses de abril y mayo. Una vez convalidado, la Comunidad espera hacer lo propio con el real decreto-ley de base, que califican de inconstitucional y discriminatorio en comparación con la carga que asumirían Cataluña o País Vasco.
Del texto del decreto ley publicado el pasado mes de marzo, las plazas se fijan en función de las niñas y niños en razón a la población (50%), la renta disponible bruta per cápita de los hogares (13%), a razón inversa de la tasa de paro (15%), el esfuerzo en atención a los menores no acompañados en los últimos seis meses y el ratio por cada 100.000 habitantes (6%), la diferencia de plazas existentes respecto “al promedio deseable de disponer de una por cada 2.500 habitantes” (10%), la condición de ciudad fronteriza, a excepción de Melilla (2%), insularidad (2%) salvo Baleares, y dispersión poblacional (2%).