A un mes para el inicio del reparto de menores migrantes entre las Comunidades Autónomas, fruto del real decreto-ley pactado entre el PSOE y Junts, y aprobado por el resto de socios de Gobierno, Aragón insiste en que agotará “todos los medios” para “atajar” lo que consideran como “una injusticia”. En estos términos se ha referido a esta cuestión el presidente Jorge Azcón, quien considera que “la razón última” del acuerdo es beneficiar a los independentistas vascos y catalanes.
Pese al frente de oposición política y judicial abierto, Azcón ha precisado que la Comunidad no “incumplirá” en ningún caso la ley. Lo ha hecho ante la pregunta de si han comenzado los preparativos dentro del sistema de acogida para dar cabida a estas personas, unas 251, en un momento donde la DGA ha denunciado de forma reiterada la “saturación” de sus servicios.
El mandatario autonómico también ha criticado que, con menos población, vayan a llegar al territorio aragonés más menores que a Cataluña y ha recordado que ya hay una presión mayor por habitante. El presidente ha incidido en que, a su juicio, todo el proceso se ha configurado mediante un real decreto-ley “con tintes xenófobos”.
“La obligación es combatir una injusticia”, ha continuado Azcón. El pasado jueves, la Audiencia Nacional tumbó los dos recursos del Ejecutivo contra la convocatoria de las conferencias sectoriales del 28 de abril, que no se celebró por el apagón, y la del 5 de mayo, donde se trató el reparto de menores migrantes. La consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, avanzó que recurrirán asimismo la convalidación de la normativa como el siguiente paso frente a la política migratoria del Gobierno Central.
