Los dos recursos contenciosos administrativos interpuestos por el Gobierno de Aragón contra las conferencias sectoriales para decidir el reparto de menores migrantes entre las comunidades autónomas han sido desestimados por la Audiencia Nacional. En ambos, el Ejecutivo autonómico denunciaba la “ilegalidad” de las reuniones que se iban a celebrar originalmente el 28 de abril (cancelada por el apagón) y que finalmente se programó para el 5 de mayo. En las mismas se negociaría el reparto de los menores que, en el caso de Aragón, tendría que acoger a 251 jóvenes según el Real Decreto del Gobierno de España. Además, el Gobierno de Aragón tendrá que pagar 3.000 euros por las costas.
Las reacciones ante este desenlace no se han hecho esperar. La consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, ha manifestado que la Audiencia Nacional reconoce en el auto que “no puede entrar a fondo en el asunto porque es una cuestión del Tribunal y simplemente inadmite los recursos contra la convocatoria porque entiende que no son actos administrativos, sino asuntos de trámite”.
Asimismo, ha reiterado que seguirán recurriendo “absolutamente todos los actos derivados de un Real Decreto que es inconstitucional, injusto y arbitrario”. En esta línea, Susín ha considerado que el único objetivo es “favorecer a los socios de Pedro Sánchez para mantenerse en la Moncloa y no el interés superior del menor”.
El delegado del Gobierno de España en Aragón, Fernando Beltrán, ha celebrado la desestimación de los recursos y ha acusado al Gobierno de Aragón de “enmarañar judicialmente” cualquier tipo de actuación en material de menores. Lo más preocupante para esta institución -según ha señalado el delegado- es que estas acciones “manifiestan la incapacidad de gestionar una cuestión que es absolutamente relevante y trascendente”.
Por otro lado, Beltrán ha subrayado que el Gobierno central busca “invocar un principio de solidaridad” por la situación que viven estos menores, pero no está consiguiendo que Aragón y el resto de comunidades autónomas comprendan. Critica así que no se presenten a las reuniones para expresar cuáles son los problemas que tienen y cuántos recursos necesitan para poder atajar la situación que es competencia de las comunidades autónomas. “Hay una falta de intención política en poner solución a ese problema”, ha asegurado.
“La primera base de partida es que el Gobierno de Aragón, para ejercer competencias propias, evidentemente tiene que tratar de posicionar sus recursos propios”, ha expresado el delegado, quien ha indicado que para ello se debe “priorizar” a la hora de hacer los presupuestos en Aragón como se realiza en otras áreas como Sanidad o Educación. En este sentido, ha expresado que “cuando no tenemos ninguna emergencia ni ninguna contingencia se gobierna relativamente sencillo”, pero “la altura de miras está cuando te enfrentas a problemas sobrevenidos con recurso propio”.
