El Constitucional admite el recurso de Madrid contra el reparto de menores, a la espera de Aragón
El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido este martes a trámite el recurso de inconstitucionalidad impuesto por la Comunidad de Madrid al real decreto-ley pactado por el PSOE y Junts, y convalidado posteriormente en el Congreso, para conformar el nuevo reparto de menores migrantes. La decisión, por unanimidad de los magistrados, llega el mismo día en el que Aragón tiene previsto formalizar su propio contencioso ante el TC, todo a expensas del funcionamiento de los sistemas informáticos tras el apagón del lunes.
En su texto, el Consejo de Gobierno liderado por Isabel Díaz Ayuso sostiene que se podrían vulnerar los artículos 81.1 y 81.6 de la Constitución, “dado que regula el contenido esencial del derecho fundamental de las personas menores extranjeras no acompañadas a la libre circulación y elección de residencia dentro del territorio nacional”. Asimismo, consideran que la medida del Gobierno Central choca con las competencias autonómicas en materia migratoria y “con los principios de autonomía y solidaridad, de interdicción de la arbitrariedad de poderes públicos y de lealtad institucional y de autonomía financiera”.
Cuestiones que, en el fondo, coinciden con las demandas articuladas desde la DGA, tal como ha explicado esta misma mañana la consejera de Bienestar Social y Familia del Ejecutivo autonómico, Carmen Susín. La responsable aragonesa considera, en este sentido, que se impone “una reubicación forzosa de los menores desde otros territorios sin consensos necesarios” y que existen fórmulas en el real decreto-ley para esquivar la voluntad de la conferencia sectorial del ramo.
La admisión a trámite por parte del Constitucional no tiene influencia sobre las cautelares que también solicitó Aragón. Además de recurrir el recurso en sí mismo y por apartados, la Comunidad ha elevado sendos contenciosos contra el requerimiento de los registros de acogida, siendo la única autonomía que no los ha aportado todavía, y también contra la convocatoria de la reunión para conformar el reparto, prevista para este lunes y anulada por el apagón.
ARAGÓN “CUMPLIRÁ LA LEY” SI LO DICE EL JUEZ
La Abogacía del Estado ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que la DGA retire las cautelares, para lo que ya está abierto el plazo de diez días hábiles. Hasta que no llegue un pronunciamiento que suponga la paralización cautelar del requerimiento, o lo contrario, el Gobierno de Jorge Azcón no tiene previsto mover ficha respecto a las cifras, si bien Carmen Susín ha reiterado que “cumplirán la ley” llegado el momento.
Sea como fuere, el apagón ha retrasado la Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia que podría arrojar luz sobre el nuevo número de plazas de acogida que estaría obligado a reservar Aragón. Los datos más recientes datan de enero, cuando había 104 cupos y 197 solicitudes, es decir, un 189% de sobreocupación. Desde el Ejecutivo regional lamentan que el pacto entre PSOE y Junts pueda repercutir en una mayor carga para Aragón en detrimento de Cataluña.