Los trabajadores del transporte sanitario urgente de Aragón estudian denunciar por la vía judicial al Salud “por no vigilar” el cumplimiento de los pliegos del contrato que maneja Ambulancias Tenorio e Hijos desde 2023. La plantilla alcanza este jueves los dos años de huelga y señala a la DGA como “responsable subsidiario” de la parálisis en las negociaciones. Según explica a este diario el presidente del Comité de Empresa y representante de CSIF, José Luis Martínez, darán el paso si no llegan a un acuerdo en el SAMA el próximo 30 de enero, fecha en la que la compañía andaluza remitirá una nueva oferta a su sindicato y a CCOO, UGT, CGT y SCS, los otros cuatro que cuentan con representación.
Las posturas apenas se han acercado en este tiempo. Martínez acusa a Tenorio de querer rebajar al máximo las pretensiones de la plantilla pese a tener más dinero por la ampliación del servicio a las 24 horas del día, una de las quejas más recurrentes desde la parte social. Los trabajadores piden actualizar el convenio, caducado desde 2019, y con él ajustar los salarios y las cotizaciones conforme al IPC. Existen casos de ayudantes camilleros, una de las tres categorías de la plantilla, pues todavía no se ha reconocido a nivel nacional la de Técnico de Emergencias Sanitarias (TES), por debajo del SMI.
De acuerdo al representante del Sindicato Cooperación Sindical (SCS), Juan Antonio Busqueta, el sueldo base bruto es de 1.112 euros, de modo que la cantidad final puede rondar los 800 o 900. En su caso, después de más de 20 años trabajando, bordea los 1.300. A esto se suma, asegura, la supresión de complementos cercanos a los 400 euros, el aguinaldo o las dietas de la comida, que sí subvencionaba Acciona, la anterior adjudicataria. “Es mucho dinero público, deberían hacer un pago directo de los salarios”, reclama Busqueta.
CSIF y SCS coinciden en señalar que las ofertas trasladadas a la plantilla no alcanzan el convenio pactado con la citada Acciona, que Gobierno de Javier Lambán llevó al Tribunal Superior de Justicia. Al disolverse la patronal, la empresa lo elevó a su vez al Supremo al entender que sí estaban capacitados para negociarlo como grupo mayoritario. Así, señalan los sindicatos, la DGA socialista presupuestó en el siguiente contrato, el actual, la cantidad para compensar las demandas de la plantilla si el fallo da la razón a la otra parte. “Tenorio tiene ese margen”, añade por su parte Martínez, quien cifra en 600.000 euros al mes el dinero que está dejando de percibir el conjunto de los trabajadores.
La externalización deja al Gobierno regional como un mediador. La rescisión del contrato parece poco probable y las Cortes rechazaron una propuesta del Movimiento Ciudadano Teruel Existe para la creación de una empresa pública de ambulancias a imagen de los ejemplos en Baleares o la Rioja. La Iniciativa Legislativa Popular llegó a la cámara en febrero del año pasado impulsada por casi 13.000 firmas y decayó con los votos en contra de PP, Vox y el PAR y reticencias del PSOE. Eso sí, los populares se comprometieron entonces a analizar una situación que llevaba varios años encallada.
“Tuvimos conversaciones con la DGA, pero ya son dos años y no pasa nada. Llega un momento en el que el debate público es estéril y además Tenorio no aporta ningún valor añadido a Aragón”, asevera Busqueta. “Cuando el PP era oposición, se interesó, ahora no se acuerdan”, apostilla Martínez.
LA DGA CONSIDERA QUE ESTÁN EJERCIENDO SUS FUNCIONES DE CONTROL
Desde la Consejería se anima a ambas partes a llegar a un acuerdo, aunque recuerdan que la negociación es entre la empresa y los trabajadores. “El Gobierno de Aragón ya manifestó el interés en que se llegar a un acuerdo acudiendo, hace un año, representantes del Salud a una reunión en el SAMA”, añaden. También consideran que están ejerciendo “sus funciones de control del cumplimiento del acuerdo” y penalizando si fuera el caso.
Fruto de esa voluntad, relatan, se impulsó en los primeros cien días de la legislatura la ampliación del horario a las 24 horas en hasta 23 bases rurales, lo que permitió incrementar el contrato en un 13,6% (15,3 millones en cuatro años). Asimismo, en 2024 se incrementó la dotación de médico los fines de semana en las UVIs móviles de Huesca y Teruel, con la voluntad de continuar en 2025 con Jaca y Alcañiz. Respecto al transporte programado, paralizado a la espera de la segunda resolución del Tribunal de Contratos, los pliegos premian con más puntos la mejora de las condiciones salariales. Se ha incluido una cláusula específica a tal efecto, por la que se contempla una reserva para acometer subidas de hasta el 15% si fuese preciso, a la que el Tacpa dio el visto bueno cuando resolvió el primer recurso.
TENORIO HABLA DE “INTERESES PARTICULARES Y GUERRAS POLÍTICAS”
Del otro lado del conflicto, Ambulancias Tenorio responde a este diario que han trasladado hasta diez propuestas al Comité, “rechazadas por intereses particulares y guerras políticas en las que la compañía no va a entrar”, algo que los trabajadores niegan, y un posible acuerdo “que atendía el 90% de sus peticiones”. Por ello, consideran que no han tenido “una respuesta razonable”. La plantilla trasladó el conflicto a la Fiscalía al entender que no se aportaban los medios necesarios para la prestación del servicio, aunque las alegaciones cayeron en saco roto.
Sobre la huelga pesa otro factor que la hace “invisible”, dice José Luis Martínez, y son los servicios mínimos del 100% al tratarse de personal esencial. “Yo no puedo dejar de atenderte porque tú no tienes la culpa, entonces no se nos nota”, concluye.
