El Tribunal de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa) ha desestimado los recursos contra el nuevo servicio de transporte sanitario no urgente del Gobierno de Aragón. Lo ha hecho con una sentencia contundente en la que apoya la cláusula por la que el Departamento de Sanidad establece una cantidad de reserva para subir, si fuese necesario, el sueldo de los trabajadores hasta en un 15% y prevenir situaciones como la huelga del 061, en marcha desde enero de 2023. “Las retribuciones son idénticas a las de hace seis años, lo cual es innegable que afecta a las condiciones laborales y a una adecuada calidad de empleo”, puede leerse en el documento.
No solo eso: “No creemos que se pueda afirmar que un salario que no se actualiza a las condiciones de vida actuales pueda llegar a suponer que haya un servicio de calidad, con la afectación que ello tiene en los trabajadores que prestan el servicio”. El Tacpa no puede obviar que el contrato “se licita en un contexto donde existe una huelga indefinida”, precisamente, por las pretensiones de la plantilla en materia salarial. De no existir servicios mínimos del 100%, esto implicaría “una paralización” del mismo, sumado a “un evidente malestar debido a las condiciones laborales”.
Los recursos de la Federación Nacional de Empresarios de Ambulancias (ANEA) y la Asociación de Empresarios de Transporte Sanitario (Aetrans-Sanit) alegaban que la citada cláusula suponía un elevado impacto económico a la hora de elaborar las ofertas. Ahora, el Tribunal afirma que, dada la “vinculación entre la finalidad social” del contrato y “la calidad en la ejecución”, las propuestas serán mejor “cualitativamente” cuando las condiciones laborales de las personas que tienen que ejecutar la prestación sean mejores en relación a las demás.
La sentencia sí apunta un error en la memoria económica, ya rectificado, pero ninguno en una de las partes recurridas como es el cálculo de los costes. Según el Tacpa, se han tenido en cuenta tanto los directos, fundamentalmente los salarios de los trabajadores, como los indirectos. Tampoco hay fallos, señalan, en el cálculo del volumen de las plantillas o la tipología del material sanitario que pueden llevar las ambulancias y que también era objeto de los recursos. Por ello, los pliegos redactados por la DGA, una vez subsanados los problemas, están sujetos a derecho.
Se cierra un paréntesis de casi un mes que ha alterado ligeramente los plazos de la licitación. El objetivo era poner en marcha el servicio en enero durante cuatro años. La suspensión cautelar del pasado mes de octubre ha obligado a ampliar el plazo de presentación de ofertas hasta el próximo 18 de noviembre. Tres días después, el 21, se abrirá el sobre de las ofertas técnicas, según la orden del Portal de Contratación. Las propuestas económicas se darán a conocer el 17 de diciembre.
Este parón no ha supuesto cambios en las líneas maestras del contrato. Se mantienen los casi 58 millones de euros (sin IVA) con los que parte el concurso, repartidos en tres lotes, que se reparten entre los sectores sanitarios de de Huesca y Barbastro (13,9 millones), Zaragoza I, II, III y Calatayud (34,4) y Teruel y Alcañiz (9,4).
La consignación de estas cantidades es plurianual. Se destinarán casi 14,5 millones de euros anuales desde el próximo hasta 2028.
