Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (entre ellas Aragón) han cargado contra el ministerio de Sanidad liderado por Mónica García, que pretende terminar con el modelo de Muface traspasándolo al SNS. Esta decisión, que afectaría directamente a más de millón y medio de funcionarios en todo el país, podría poner en peligro de colapso a la sanidad pública.
El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, ya insistía por la mañana en la necesidad de que el Ministerio de Sanidad llegue a un acuerdo con las aseguradoras (DKV, Adeslas y Asisa) para mantener el concierto actual de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.
Él mismo ha afeado al Gobierno Central que esté “jugando y ridiculizando” con esta situación. Hace unas semanas Bancalero ya advirtió en la sesión de control de las Cortes que terminar con Muface sería “nefasto e irrespetuoso”. “Si no hay acuerdo los servicios que hay actualmente serían insuficientes. Colapsaría el sistema y es inasumible”, ha lamentado el consejero aragonés.
José Luis Bancalero, que ha tachado a la ministra Mónica García como “populista y antidemocrática” ha puesto como ejemplo que se necesitarían en Aragón, como mínimo, 120 camas hospitalarias más, lo que equivale a un hospital nuevo como el actual de Calatayud.
LA REUNIÓN DEL CISNS
Todo ello ha salido a relucir este lunes en Madrid durante el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). La reunión contaba este lunes con 23 puntos en el orden del día, uno de ellos el de Muface, eso sí, tan solo tenía carácter informativo y estaba planificado para el final de la jornada. Ante la presión de las autonomías lideradas por el PP, la ministra García ha accedido a tratar este asunto en primer lugar para que las CCAA pudiese exponer sus puntos de vista.
Desde Aragón se ha pedido un acuerdo en el que se inste al Ejecutivo central a que lleve a cabo las gestiones necesarias para garantizar la asistencia a los asegurados de Muface hasta que no esté asegurada una asistencia de calidad en los servicios de salud autonómicos a estos ciudadanos.
Del mismo modo, las consejerías sanitarias han solicitado “más respeto” al Consejo Interterritorial como máximo órgano de representación de los sistemas autonómicos. Además, han reprochado a la ministra la “incertidumbre” que se ha generado entre la población por el anuncio a través de la red social X de querer traspasar la mutualidad de los funcionarios a los sistemas autonómicos de salud.
Por otro lado, los consejeros han exigido una vía oficial de información para disponer de estudios rigurosos sobre la población asistida en MUFACE, edad de la misma, gasto farmacéutico y costes actuales y previsión futura de los mismos, entre otros. “Necesitamos disponer de informes serios y detallados y no solo de declaraciones de intenciones anunciadas en redes sociales”, ha aclarado Bancalero.
DEJACIÓN DE FUNCIONES
El ministerio de Sanidad también ha sido criticado por lo que los consejeros han considerados “dejación de funciones” al delegar en el Ministerio de Función Pública y ha puesto otros ejemplos, como que se delegue al Ministerio de Hacienda toda la recaudación del tabaco y no haya unos presupuestos finalistas con objetivos claramente sanitarios, o que determinadas competencias de Salud Pública en el control de alimentación se hayan derivado al Ministerio de Agricultura.
Por otro lado, y a propuesta del consejero de la DGA, se ha decidido convocar una nueva reunión del CISNS antes de que acabe el año ya que en la reunión de hoy era inviable tratar todos los puntos de orden del día. Ente los proyectos que se debatirán en el próximo pleno está la especialidad de urgencias y emergencias y el Estatuto marco de los profesionales estatutarios.
