Ribagorza, en alerta por el parque fotovoltaico de Avejaruco Solar
110 hectáreas, casi 50 megavatios de potencia y 85.200 módulos. Un mar de placas. Es el parque fotovoltaico que Avejaruco Solar SL quiere desplegar en Secastilla y La Puebla de Castro, localidades de la comarca oscense de Ribagorza, y que ha despertado la oposición de buena parte de la zona, desde los ayuntamientos hasta la asociación ‘Ribagorza no se vende’, constituida recientemente para oponerse. Todos ellos han presentado cerca de 800 alegaciones al proyecto, en fase de exposición pública, que salió a la luz en el Boletín Oficial de Aragón hace ahora poco más de un mes. A esto se suman cerca de 1.500 firmas en Change.org.
Este lunes finalizó el plazo para presentar estas quejas. Según explica a este diario María José, portavoz de la plataforma, hay cuestiones que se repiten entre quienes se oponen. Desde los daños a las aves, ya que se ubica en una zona especial de protección del quebrantahuesos, hasta la sospecha de que la empresa promotora pretende fragmentar otros parques, una práctica irregular e incluso penada. Aluden también al impacto socioeconómico negativo para el sector primario, ya a los agricultores y ganaderos no les compensaría dejar de trabajar esas tierras. Lo mismo para los servicios, con puntos dedicados al vino y el enoturismo en la citada Secastilla o el entorno del embalse de Barasona. En el caso de La Puebla, recuerdan que “hay constancia” de la presencia de restos arqueológicos tardoromanos.
Desde la comarca, que sufrió el siglo pasado la otra cara del despliegue de los pantanos y las grandes obras hidráulicas, lo ven como un “impacto reiterado” sobre el territorio. “Ya hay una generación energética asociada a una estructura de gran impacto”, comenta María José, en referencia a Barasona y El Grado. Por ello, insisten en promover una ordenación “más acorde con un modelo sostenible”.
Los ayuntamientos de ambas localidades intentaron mover ficha anteriormente. Tanto La Puebla como Secastilla trataron de modificar sus Planes Generales de Urbanismo (PGOU) para limitar este tipo de instalaciones, ante el posible interés en algunas parcelas. Los rumores corren rápido en los pueblos, tanto como la voz de alarma entre las localidades que podrían verse afectadas en un futuro, como denuncian también varios partidos políticos de las Cortes, entre ellos Izquierda Unida y Aragón-Teruel Existe. Se trata por ejemplo de Graus, Benabarre, Hoz y Costean, El Grado y Cregenzan y Burceat, algunas de ellas ya en el Somontano.
LA PUERTA DE ENTRADA
Las formaciones alertan de proyectos futuros en la zona con un impacto negativo. Hasta cinco, para los que esta iniciativa, la más avanzada de Avejaruco, que pertenece a la multinacional Ignis Equity Holdings; podría ser la puerta de entrada. Ocuparía distintas parcelas de los polígonos dos y cinco de La Puebla de Castro y del seis de Secastilla. La hoja de ruta inicial contempla trece centros de transformación, tres líneas subterráneas e incluso de alta tensión, con 19 torres. Todo ello pendiente todavía de la declaración de impacto ambiental del Inaga.
Los siguientes plazos no están claros al margen de los “varios meses” de los que dispone la empresa para contestar a las alegaciones, si bien ‘Ribagorza no se vende’ considera que es el momento de poner “toda la carne en el asador”. “Es una fase clave”, señala María José. Prueba de ello es que ya han solicitado una comparecencia en las Cortes de Aragón, han tratado ponerse en contacto con la nueva Justicia y prevén movilizaciones. Sin ir más lejos, se manifestarán este domingo, 3 de marzo, desde el cruce de La Puebla y Secastilla hasta la plaza mayor de Graus.
La plataforma celebra también la repercusión que ha tenido en sus primeras semanas en marcha. No es para menos, concluye María José, ya que su problema es extrapolable a “muchos sitios de Aragón”.
Otro de los pasos consistirá en elaborar un manifiesto. De momento, ya han dejado pinceladas. “Está en juego nuestro medio de vida, nuestra tierra, el medioambiente, la fauna y la flora, la salud pública y la legislación vigente en el ámbito medioambiental y urbanístico”, protestan en el escrito de Change.org. A esto, añaden en sus protestas, “se aprovechan de zonas despobladas con poca repercusión mediática y respuesta social, preferiblemente municipios pequeños que no tengan un Plan de Ordenación Urbana que regule este tipo de macroinstalaciones”.
Como asociación, dicen surgir “del descontento y de la poca consideración que tienen estas empresas privadas de fuera” con los residentes en la zona. Están “cansados de que se hable del problema de la despoblación” y al mismo tiempo se pongan palos en las ruedas para el “desarrollo” de estos pequeños núcleos. Se trata, en definitiva, de “mantener viva la naturaleza, el entorno y la biodiversidad”, un futuro libre de proyectos en los que no se les tenga en cuenta.