La diputada autonómica por Aragón-Teruel Existe, Pilar Buj, ha lamentado este miércoles en rueda de prensa que el decreto ley aprobado por el Gobierno de Aragón para regular las ayudas directas a agricultores y ganaderos afectados gravemente por la sequía sean insuficientes. Denuncian que no se tenga en cuenta la profesionalidad de las explotaciones ni a cultivos de secano como los almendros o los olivos así como a los frutales. También se ha criticado que se olviden de municipios como Calaceite, Arens de Lledó, Lledó o Mazaleón, en el Matarraña, críticamente dañados por extrema sequía.
Buj ha afirmado que el consejero de Agricultura, Javier Rincón, está a tiempo de rectificar pese a que han encontrado “serias carencias” en unas ayudas que alcanzan los siete millones de euros. “Que no deje solo al campo de Aragón y a los ganaderos de nuestra tierra. Esta sequía continúa y el Gobierno de Aragón tiene otra ocasión para corregir dónde, cómo y cuánto se aporta”, ha destacado.
FRUTALES Y EL SECANO, OLVIDADOS
Una de las principales reclamas de Aragón-Teruel Existe ha ido referida a la ausencia de diferentes cultivos de secano como los olivos o almendros dentro de estas bonificaciones. Lo mismo con los frutales. Para Pilar Buj es “muy grave”. “El Gobierno de Aragón no tiene en cuenta los efectos de la sequía en los almendros de la margen derecha del Ebro (Matarraña, Bajo Aragón, Bajo Martín y Campo de Belchite). Se estiman pérdidas entre el 35% y 60% de la campaña en el Bajo Aragón, del 20% en las comarcas zaragozanas y superior al 50% en el Matarraña”, ha apuntillado. Además, Buj ha advertido que hay otra cuestión a tener en cuenta y que para nada es baladí. En la comarca del Matarraña se han secado el 15% de los árboles y deberán arrancarse y volver a plantar. “Tardarán seis años en volver a tener cosecha”, ha aclarado Buj.
Del mismo modo ha reclamado que Calaceite, Mazaleón, Arens de Lledó y Lledó, también en el Matarraña, se incluyan en el Anexo I entre los municipios calificados como de afección máxima por la sequía ya que han sufrido un Índice de Precipitación Evapotranspiración Estandarizada (SPEI) similar al resto.
AYUDAR A LAS EXPLOTACIONES PROFESIONALES
Asimismo se ha puesto el foco en que este decreto ley no tiene en cuenta la profesionalidad de las explotaciones. Buj ha reclamado que los pagos vayan dirigidos a profesionales y no a los “agricultores de sofá”. Para la diputada lo mínimo es exigir estar dado en la Seguridad Social Agraria.
En cuanto a la ganadería, se ha criticado que se pague igual en zonas de alta incidencia y de incidencia extrema. Ha pedido su corrección y ha agregado que únicamente se modulan las primeras 100 unidades de ganado mayor. “El resto está fuera y no lo entendemos”, ha subrayado Buj.
EL REPARTO DE LAS AYUDAS
Hasta siete millones de euros se abonarán en la segunda quincena del mes de noviembre. En la práctica, los ganaderos afectados percibirán 25 euros por cada unidad ganado mayor hasta un total de 2.500. Para los agricultores entra en juego la división del territorio afectado y la edad.
Es decir, un agricultor joven (menos de 41 años) cuya explotación se encuentre en zona de afección máxima recibirá 50 euros por hectárea y 40 si los daños son “graves”. Los considerados como no jóvenes se ajustarán a los criterios de 30 y 20 euros por hectárea, respectivamente, hasta un máximo de 5.000.
Las ayudas son complementarias, de modo que un profesional que cuente tanto con explotaciones agrícolas como ganaderas podrá acogerse a las dos líneas. En el supuesto de que sea joven y se encuentre en una zona de afección máxima podría alcanzar una ayuda de 7.500 euros.
