Zaragoza.- El Gobierno de Aragón pondrá en marcha un Plan de Vivienda Social para garantizar el acceso a una vivienda digna a los más necesitados al que destinará cerca de 40 millones de euros durante los próximos cuatro años. Incorpora medidas para impulsar el alquiler social, la erradicación del chabolismo o la anticipación al desahucio.
De la partida total, 4,6 millones se ejecutarán este 2012 y después se establecerá de acuerdo a un calendario que se está elaborando, ha señalado el consejero de Vivienda y Urbanismo, Rafael Fernández de Alarcón, que ha comparecido en las Cortes a petición propia para explicar este plan que es “flexible, abierto y trasversal”.
Fernández de Alarcón ha informado de que incluye medidas de regulación jurídica, de apoyo económico y otras de tipo social que darán apoyo individual cada persona y ha asegurado que exige "dar pasos" para concretar el concepto de vivienda social, identificar a sus beneficiarios y especificar los sistemas de gestión para encontrar todas las colaboraciones que sean necesarias.
En este sentido, ha abogado por implicar a todas las entidades sociales, con las que se citará el próximo 11 de enero para su elaboración, y ha incidido en la necesidad de colaborar con todas las administraciones públicas y privadas y en la formación de equipos que identifiquen sus beneficiarios.
El consejero, que ha justificado este plan ante la dificultad que existe en varios sectores de la población de acceder a una vivienda digna por sus bajos recursos o por la necesidad de superar barreras arquitectónicas, ha asegurado que se pone sobre la mesa un nuevo concepto, el de vivienda gestionada socialmente. Esto significa, ha explicado, una vivienda que se gestione desde la necesidad social del que la demanda y que incorpora una gestión coordinada con las entidades sociales colaboradoras.
En esta línea, el director general de Vivienda y Rehabilitación, Rogelio Silva, ha aclarado que este plan no excluye a nadie, pero que la "meta" son las familias que tienen "algo", pero que "no llegan" si no es con ayuda.
Este Plan de Vivienda Social 2012-15 está estructurado en seis grandes áreas que atienden a la rehabilitación y mejora de la infravivienda; la gestión social de la vivienda de propiedad pública; el alquiler social; la erradicación del chabolismo; la vivienda para personas en situación de dependencia y discapacidad y el desahucio.
En el primero punto, se pretende establecer ayudas complementarias a la rehabilitación para aquellos que no son capaces de acometer la restauración de su vivienda y también se incide en la recuperación de áreas que necesitan de rehabilitación social.
Además, se quiere aprovechar el patrimonio público de la Comunidad que está en situación de abandono o desuso, ha explicado Silva, quien ha reconocido que en algunos casos se requieren inversiones “grandes” y que será necesario un gestor para conocer la demanda que pueden generar.
En este sentido, Fernández de Alarcón ha avanzado que el Ejecutivo aragonés destinará en los próximos cuatro años 6,6 millones de euros para la incorporación de 200 viviendas al patrimonio autonómico.
Se establecerán ayudas y crearán bolsas de alquiler de vivienda, se otorgarán subvenciones adicionales a inquilinos y también para rehabilitación con el objetivo de potenciar el alquiler y garantizar el pago al propietario.
Otro de los objetivos es la erradicación del chabolismo donde hay que tomar medidas “urgentes”, ha incidido Silva, quien ha señalado que se hará un estudio de la situación y se intervendrá en cascos urbanos para prevenir futuros asentamientos.
En relación al desahucio, se analizará la situación y el perfil de las personas que están en riesgo e intentarán anticiparse a ellos trabajando con las entidades financieras para intentar la posibilidad de reconvertir la compra en alquiler, además de abordar la dación en pago según determinados requisitos.
En otro orden de cosas, se contemplan medidas para eliminar las barreras arquitectónicas en la construcción de viviendas, la reserva de cupos y actuaciones que favorezcan el acceso a zonas comunes.
Silva ha afirmado que con este plan se abre un "camino de apoyo" a los que menos tienen y ha manifestado su deseo de que el concepto de vivienda social tenga incidencia en los planes estatales. Y ha coincidido con el consejero al afirmar que es "flexible" para poder corregirlo a medida que avance o eliminar alguna cuestión que no funcione y "tranversal" buscando la colaboración entre todas las administraciones y con las entidades sociales involucradas.
Este programa es uno de los ejes fundamentales de actuación de la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación que presentará a lo largo del próximo año una Ley de Vivienda y creará un observatorio para analizar la situación, ha apuntado Fernández de Alarcón.
Oposición
Los grupos de la oposición han acogido de forma positiva la elaboración de este plan, aunque han dicho que estarán vigilantes y han pedido concreción a la hora de establecer los criterios para los beneficiarios y para las entidades colaboradoras.
"La política de vivienda debe ser mucho más que este plan, en ningún caso nos parece que merezca este nombre. Se siguen haciendo propuestas vacías de contenido, de cara a la galería. Después de varios meses de Gobierno, nada de nada”, ha criticado el diputado del PSOE José Ramón Ibáñez.
Desde CHA, Gregorio Briz ha mostrado su preocupación con aspectos como “las cifras limitadas que se manejan, la procedencia pública o privada de los fondos y la compaginación del plan con otros proyectos como la VPO”.
El diputado de IU, Miguel Aso, ha advertido que "posiblemente sea un plan que quede corto a la vista de la cuantía económica para este año" y ha preguntado por la “determinación de los perfiles de acceso a la vivienda social, quiénes van a ser los gestores sociales o el tema de la rehabilitación”.
Editorial: Vivir dignamente
