No sabemos exactamente cuántos son, pero cada día nos cruzamos con ellos por la calle, en el autobús o en el tranvía. Hacen números e intentan cuadrar cuentas para llegar a fin de mes y, en muchos casos, no tienen ni sus necesidades básicas cubiertas, como es el derecho a una vivienda digna.
Consciente de esta realidad, el Ejecutivo aragonés ha elaborado un plan para impulsar la vivienda social en el horizonte 2012-15. Cerca de 40 millones de euros a repartir en cuatro años para poner en marcha medidas jurídicas, económicas y de apoyo social con las que mejorar las condiciones de vida de muchos aragoneses.
Lejos del recorte presupuestario, la Dirección General de Vivienda ha visto incrementada su dotación en un 1,65% hasta llegar a los 47 millones de euros. De ellos, 4,6 millones de euros se destinarán en 2012 a la puesta en marcha de este programa que pretende poner sobre la mesa un concepto pionero en España, el de la vivienda gestionada socialmente. O dicho de otro modo, dirigido a aquéllos que disponen de algunos recursos, pero no son suficientes para una vivienda digna y necesitan ayuda.
Ésa es la meta que se marca el Gobierno de Aragón con un paquete de actuaciones que abarca desde las ayudas a la rehabilitación hasta la erradicación del chabolismo, pasando por la creación de una bolsa de alquiler social o la prevención de los desahucios llegando, en algunos casos, a la negociación con las entidades financieras.
En tiempos donde la situación económica aprieta, y mucho, a las familias y al sector de la construcción, iniciativas como estas, que sirven además para dar salida al abundante stock inmobiliario, se hacen más necesarias que nunca. El Ejecutivo no quiere estar solo en esta gran cruzada y pide la colaboración del resto de administraciones y entidades sociales. Una cooperación que con toda seguridad no podrá ser presupuestaria, pero sí de gestión, velando para que las ayudas lleguen a sus destinatarios. Y de forma correcta.
