La DGA denuncia ante la Fiscalía a una empresa por estafa en la compra de 10.000 mascarillas defectuosas

Se reclaman más de 25.000 euros por la compra de supuestas mascarillas FFP2 que no reunían las condiciones para uso médico
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photo_camera Una factura en la aduana, escrita en inglés, ya decía que esas mascarillas no eran de uso médico. Foto de archivo

El Gobierno de Aragón va a presentar una denuncia ante la Fiscalía contra una empresa por una posible estafa en la compra de hasta 10.000 mascarillas FFP2 durante la pandemia, que no reunían los requisitos mínimos para ser utilizadas por el personal sociosanitario. La operación, que incluía más material, se realizó en abril de 2020 con la compañía Escrow Trust Europe Foundation, radicada en Países Bajos, y del Grupo Santacatalina, por un total de 244.570 euros a cargo del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS).

Así lo ha anunciado este martes la consejera de Bienestar Social, Carmen Susín, que ha incidido en la “obligación legal” de este Ejecutivo de “culminar” el proceso que inició el cuatripartito para reclamar la devolución del importe de las mascarillas, pero que entonces no se finalizó. “El anterior Gobierno reclamó a la empresa en numerosas ocasiones. El 7 de agosto se remitió un escrito las cantidades por las mascarillas defectuosas que no tuvo respuesta. Cabe ahora que se reclame a través del Ministerio Fiscal el daño patrimonial”, ha sostenido Susín, que ha eludido hablar de responsabilidades políticas al Ejecutivo de Lambán, aunque sí hubiera “dejación de funciones”.

Según ha narrado Susín, esta compra se realizó con pago anticipado y sin facturación electrónica, amparándose en un decreto estatal de medidas urgentes por la pandemia de Covid19. El pago de los 244.570 euros se realizó el 2 de abril y el suministro se recibió el día 24, por el que se emitieron dos facturas, una de 154.170 euros, y otra de 106.518 euros, ambas con anterioridad a la entrega. En total, quedó un saldo pendiente de pago de 16.117 euros que nunca se abonó.

En este pedido se incluían las 10.000 mascarillas FFP2, que tuvieron un coste de 4,15 euros cada una, y otras “de tres capas”, por 0,75 euros/unidad, es decir, las “defectuosas” se pagaron por un importe cinco veces mayor que las restantes. Por ello, según ha explicado Susín, se reclama a la Fiscalía la devolución por parte de la empresa de un total de 25.382,31 euros, más una parte del coste del transporte.

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La consejera Susín ha eludido hablar de responsabilidades del anterior Gobierno, más allá de una "dejación de funciones"

Fue el 25 de mayo, un mes después de recibirlas, cuando se emitió un primer informe en el que se afirmaba que las mascarillas no reunían las condiciones médicas para ser consideradas FFP2 o FFP3. El material permanece en la actualidad en los sótanos de los antiguos juzgados de la plaza del Pilar, sede del Departamento de Bienestar Social y Familia (antiguo Ciudadanía y Derechos Sociales).

Además, en la aduana ya se encontró una factura, escrita en inglés, por parte del grupo Santacatalina, diferente a las emitidas para los pagos, donde ya se decía que estas mascarillas no eran de uso médico, “por lo que se deduce que el proveedor sabía que el material no era apto”. “Esta actuación sería deliberada por parte del vendedor, dado que la factura en inglés dejaba constancia de no estar destinadas a uso médico”, ha remarcado Susín.

Con todo, el objetivo de la denuncia es “esclarecer todos los hechos” y “depurar posibles responsabilidades penales y civiles” si se determina que son constitutivos de delitos. “No es la intención culpar al anterior Gobierno. Se está analizando si hay una estafa por parte de la empresa que vendió las mascarillas. Sólo he puesto de manifiesto la dejación de funciones del anterior Ejecutivo. Estamos culminando un proceso que no se culminó”, ha subrayado la consejera.

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