El Gobierno de Aragón ha salido este lunes al paso del informe de la Cámara de Cuentas publicado este lunes 9 de marzo sobre la promoción y gestión de la vivienda protegida en la Comunidad defendiendo su actuación en esta materia, aportando matizaciones y restando gravedad a algunas de las observaciones del órgano fiscalizador. La directora general de Vivienda, María Pía Canals, ha asegurado desde el Pignatelli que la política de vivienda es “una prioridad absoluta” para el Ejecutivo y ha recalcado que la diligencia en la gestión de la vivienda protegida “está fuera de toda duda”.
Pía Canals ha querido contextualizar el documento señalando que se trata de un informe elaborado a instancias del Tribunal de Cuentas dentro de un análisis que se realizará en todas las comunidades autónomas y que Aragón ha sido la primera pero que no viene motivado por ningún "atisbo de dudas sobre la gestión" en la región.
La directora general, asimismo, ha reivindicado el trabajo realizado desde el inicio de la legislatura con el plan Aragón Más Vivienda, dotado con más de 400 millones de euros en seis años, y que, según ha destacado, cuenta con seis programas destinados a responder a las necesidades de vivienda pública y protegida “teniendo en cuenta la realidad aragonesa”. “La vivienda protegida tiene que ser parte de la solución al problema de acceso a la vivienda”, ha remarcado.
RETRASOS Y FALTA DE REGISTROS
Pía Canals ha defendido además que el actual Ejecutivo ha desbloqueado expedientes administrativos que ralentizaban el desarrollo de promociones VPO con más de dos años de retraso y que ahora, según ha detallado, tan solo quedan pendientes de calificación tres promociones que pondrán en marcha 250 VPO y que son expedientes que han entrado en tramitación este 2026.
“Cuando llegué a la Dirección General me encontré con más de 800 viviendas pendientes de algún tipo de calificación o autorización”, ha explicado. En paralelo, la directora general ha destacado que actualmente hay 1.541 viviendas protegidas en construcción en Aragón, de las cuales 90 se ubican en Huesca y el resto en Zaragoza.
Respecto al informe de la Cámara de Cuentas, Canals ha señalado que las consideraciones del órgano fiscalizador se centran principalmente en cuestiones relacionadas con la estructuración de los registros de vivienda y la difusión de las promociones a la ciudadanía.
En este sentido, la directora general ha anunciado que el Gobierno de Aragón está trabajando durante este año en una Plataforma de Gestión de la Vivienda Protegida que permita recopilar y unificar toda la información procedente de las aplicaciones históricas de gestión de la VPO. “No es que no haya registros. Existen y son claros, completos y geográficamente detallados. Otra cuestión es que puedan estar más unificados”, ha señalado.
Asimismo, ha indicado que el Ejecutivo analizará la posible reactivación del registro de solicitantes de vivienda, que estuvo operativo durante más de una década hasta su suspensión en 2013. “En aquel momento se consideró que había que suprimir burocracia por la situación del mercado, pero si es oportuno volver a activarlo lo estudiaremos detenidamente”, ha afirmado. En cuanto a la información que reciben los ciudadanos sobre las promociones de vivienda protegida, Canals ha reconocido que “la comunicación y la promoción pueden ser mejorables”, aunque ha negado que esa información no se facilite.
EL INFORME DE LA CÁMARA DE CUENTAS
El informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas analiza por vez primera en esta materia la promoción y gestión de la vivienda protegida en Aragón durante los ejercicios 2023 y 2024, en el marco de una auditoría impulsada por el Tribunal de Cuentas. Entre sus conclusiones, el órgano fiscalizador apunta con dureza a la necesidad de mejorar la planificación de las políticas de vivienda y de reforzar los sistemas de información y seguimiento de las actuaciones.
El documento señala, entre otras cuestiones, la falta de un registro actualizado de solicitantes de vivienda y de una base de datos completa del parque público autonómico que permita conocer con precisión la demanda real y planificar las actuaciones.
