El Ministerio de Hacienda y las Comunidades Autónomas debaten este miércoles en Madrid la propuesta para la condonación de hasta 83.252 millones de euros de la deuda autonómica contraída durante la crisis económica de la década pasada y los años de la salida de la pandemia. La cartera dirigida por María Jesús Montero ha planteado una quita de 2.124 millones para Aragón pese al rechazo de la DGA, como ocurre con el resto de territorios gobernados por el PP, al entender que se trata de una “subrogación” de la parte correspondiente a Cataluña y “premia” a los partidos independentistas.
"Lo que el Ministerio va a plantear, si quieres lo tomas o lo dejas, pero las lentejas no van a ser iguales. Hay algunas que van a ser con jamón y con chorizo y en Aragón a palo seco y, además, me da la sensación que bastante crudo”. Son las declaraciones que dejó esta semana el presidente Jorge Azcón, preguntado por la propuesta, si bien ha mostrado de forma reiterada su rechazo a la medida en distintas declaraciones desde diciembre, cuando se puso sobre la mesa negociar la quita, o incluso antes, con el pacto entre el PSC y ERC para la financiación singular de Cataluña, que terminó de avivar un debate candente desde hace años.
Y es que la propuesta para la reforma de la caja común (todas las regiones menos Navarra y País Vasco) y los ingresos que recibe cada Comunidad Autónoma se ha quedado fuera del orden del día tras ampliarse el plazo de alegaciones otro mes. De confirmarse la supresión de los criterios de despoblación y orografía del reparto, Aragón se expone a perder 422 millones de euros anuales, como denunció la DGA, si bien para retomar dicho debate habrá que esperar, al menos, hasta mediados de marzo.
Así las cosas, la condonación de 2.124 millones de las arcas autonómicas aragonesas representaría una reducción del 23,1% si se toma como referencia el 31 de diciembre de 2023, el cierre fijado por Hacienda, cuando la deuda ascendía a 9.186 millones de euros. El pasado año 2024 se cerró con 9.361 millones de euros (sería un 22,6%) y representaría un 23,3% respecto a la cifra provisional de finales del pasado mes de enero (9.090 millones a la espera de imputar el Fondo de Liquidez Autonómica).
Según explicaron desde el Ministerio, 1.931 millones proceden de aplicar el peso de la media del criterio de población ajustada (el total y las particularidades que influyen en la financiación de cada una) entre 2010 y 2022. Representan un 19,3% del 23,1% del que se liberaría la Comunidad, mientras que la partida restante hasta el total (193 millones) viene de “ejercer al alza” las competencias normativas en el IRPF.
Por territorios, Andalucía es el más beneficiado (18.791 millones de euros), seguido de Cataluña (17.104) y Valencia (11.120), mientras que Madrid se sitúa como el cuarto (8.644). Castilla-La Mancha (4.927 millones), Galicia (4.010), Murcia (3.318), Islas Canarias (3.259), Baleares (1.741), Extremadura (1.718), Asturias (1.508), Cantabria (809) y La Rioja (448) cierran la lista.
DISCREPANCIAS CON EL PP Y LOS SOCIOS DE SÁNCHEZ
Pese al rechazo de las autonomías del PP, entre ellas Aragón, el Ministerio de Hacienda necesita de un solo voto afirmativo entre las regiones para sacar adelante la propuesta, ya que cuentan con la mitad de representantes en el Consejo. Ese respaldo podría venir de Cataluña, la primera en poner sobre la mesa la quita, o de alguna dirigida por el PSOE. Por ejemplo, Castilla-La Mancha, de Emiliano García-Page, uno de los barones más críticos con Pedro Sánchez y sobre todo en lo relativo a la relación con el independentismo, ve con buenos ojos la propuesta. Del resto de gobiernos socialistas, Navarra está fuera de la caja común y Asturias también es partidaria. En Canarias, con el PP como socio del presidente Fernando Clavijo (Coalición Canaria) entienden que su cuantía debería ser superior.
Eso sí, la ministra Montero aseguró en declaraciones a los medios que la quita es voluntaria y se realizará mediante la firma de un convenio individual. "Vaticinaría que si la ley sale adelante no va a haber ningún territorio en contra", afirmó. Sin representación en el Consejo de Política Fiscal, pero con voz y voto en la negociación de la futura norma, Compromís y Junts, socios del Gobierno de Pedro Sánchez, se han mostrado reticentes con lo expuesto desde el Ministerio hasta la fecha, ya que los primeros piden ahondar en la financiación singular valenciana y los de Carles Puigdemont tampoco creen que se adapte del todo a sus pretensiones para Cataluña.
EL ARCO PARLAMENTARIO ARAGONÉS
La disparidad de opiniones, o más bien de matices, se repite en el arco parlamentario aragonés. Los partidos de la izquierda se han mostrado favorables a la condonación, aunque Chunta Aragonesista reclama por ejemplo explorar la vía de la bilateralidad que confiere el artículo 108 del Estatuto. PP y Vox están rotundamente en contra y tanto el PAR como Aragón-Teruel Existe, desde el rechazo frontal al trato de “privilegio” para la Generalitat, han pedido cubrir la denominada deuda histórica del Estado, que cifran en más de 600 millones anuales.
Por otro lado, este miércoles se debatirá el reparto de la recaudación del impuesto a la banca. El cálculo del Gobierno de España para el cierre de 2024 se sitúa en los 1.695 millones de euros, según estimaron en septiembre.
