El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite este martes el recurso de las Cortes de Aragón contra la Ley de Amnistía en Cataluña, según han confirmado fuentes de la institución. Es el primero al que se da luz verde y podría abrir la puerta a los otros quince, uno de ellos de la DGA. La medida salió adelante con los votos de Partido Popular y Vox, en su última sesión plenaria como coalición de Gobierno, el PAR y Aragón-Teruel Existe. El parlamento aragonés se convirtió entonces en la segunda asamblea regional en formalizar una iniciativa de este tipo, después de Cantabria.
La decisión se ha tomado por unanimidad, según ampliado en un comunicado oficial. La ponente del recurso es la magistrada Laura Díez Bueso. El TC ampara al legislativo aragonés por el artículo 162.1 a) de la carta magna: “Están legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad, el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas”. También aluden al 32.2 de la Ley del Tribunal Constitucional (LOTC), que establece la facultad “contra las leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley del Estado que puedan afectar a su propio ámbito de autonomía”.
En esa dirección iba el texto previo elaborado por las letradas parlamentarias, Olga Herráiz y Carmen Rubio de Val, para demostrar que la cámara estaba capacitada para dar ese paso. En esas cerca de 40 páginas, sostenían que se había “privado” a Aragón y sus instituciones de participar en un referéndum o consulta debido al “alto impacto” en el territorio español y la “relación de vecindad” con Cataluña, que va desde los denominados lazos históricos hasta “los convenios de colaboración en las zonas limítrofes”. El texto reitera que una amnistía no cabe en la Constitución, no así el caso del “indulto particular”.
Mientras tanto, el Gobierno regional sigue pendiente del recorrido de su recurso. Por el momento, explican a este diario, no han recibido ninguna notificación. Las comunidades de Madrid, Galicia, Andalucía, Valencia, La Rioja, Baleares, Extremadura, Castilla y León, Murcia y la citada Cantabria (Gobierno y parlamento), todas ellas gobernadas por el PP, se sumaron a la ola de recursos durante el verano, en los meses posteriores a la aplicación de la medida de gracia en Cataluña. La lista la cierra Castilla-La Mancha, dirigida por el PSOE y el crítico Emiliano García Page.
Por otra parte, el Constitucional ha admitido la propuesta de la Fiscalía para la recusación del magistrado José María Macías, implicado precisamente en la tramitación de los recursos contra la amnistía. La denuncia del Ministerio Fiscal aludía a su posible imparcialidad por haber apoyado dos alegaciones contrarias a la norma mientras era vocal del Consejo General del Poder Judicial.
