El Gobierno de Aragón se suma a la lista de Comunidades Autónomas que presentarán un recurso contencioso administrativo para exigir la “convocatoria inmediata” de la Conferencia de Presidentes. El líder del Gobierno Central, Pedro Sánchez, ya avanzó este martes que se celebrará en Cantabria y que estará enfocada en torno a los problemas con la vivienda, aunque la DGA mantendrá su ofensiva legal, al menos, hasta que se formalice dicho encuentro. Así lo ha anunciado la vicepresidenta y portavoz, Mar Vaquero, quien también ha criticado que no se vayan a abordar cuestiones como la financiación autonómica o los efectos de los pactos con los independentistas en Cataluña.
A juicio de Vaquero, al presidente le interesa “priorizar” los temas “por los que está secuestrado”. Según ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la Conferencia debe reunirse al menos dos veces al año y su convocatoria corresponde al Ejecutivo Central, sea por iniciativa propia o a petición de diez mandatarios autonómicos y de Ceuta y Melilla, las dos ciudades con Estatuto de Autonomía. En este caso, desde la DGA hacen hincapié en que no se convocó en todo 2023, lo que ha llevado a un aluvión de solicitudes desde las Comunidades que dirige el Partido Popular o en cuyos gobiernos participa.
Es el caso, además de Aragón, de Andalucía, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Madrid, Valencia, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, La Rioja, Murcia y las citadas ciudades autónomas. La portavoz ha recordado además que el presidente Jorge Azcón remitió dos cartas individualizadas a Sánchez. La primera, el 13 de diciembre del año pasado, y la segunda el 21 de enero de este.
Es por ello, “dada su desatención”, como han transmitido, que las distintas regiones controladas por los populares acudirán al Tribunal Supremo. En el caso de la DGA, el pasado viernes, 26 de julio, se remitió un “informe-propuesta” a la Dirección General de Servicios jurídicos donde se solicitaba emprender las acciones judiciales pertinentes para “obligar” al Gobierno Central a cumplir con su deber.
LA DGA NO HA HABLADO CON GARCÍA-PAGE
Un día después de anunciar que recurrirán también el preacuerdo entre ERC y el PSOE para la investidura de Salvador Illa, la portavoz ha vuelto a salir al paso de la polémica alrededor de la financiación singular para Cataluña. Si bien la comunicación con el “frente común” de gobiernos del PP es constante, no se han dirigido al presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, uno de los barones de la formación que ha criticado abiertamente la medida de su líder nacional. “No hemos hablado con él”, ha declarado Vaquero tras ser interpelada por uno de los temas principales en la página política.
Lo que sí tiene claro la vicepresidenta, a pesar de no haber tenido contacto con el mandatario castellanomanchego, es que su reacción es “coherente”. No así, ha dicho, la del PSOE Aragón, por las discrepancias entre el secretario general, Javier Lambán, del lado de García-Page, y el silencio del grupo parlamentario.
Esta iniciativa la registramos en las @cortes_aragon el pasado 27 de junio. Hoy está más vigente que nunca. El grupo parlamentario socialista hemos defendido siempre lo mismo en materia de financiación, siendo gobierno u oposición: la igualdad y la lucha contra los privilegios,… pic.twitter.com/lloSCO4J6I
— Mayte Pérez (@MaytePerez2) July 31, 2024
Al hilo de estas declaraciones, la portavoz en las Cortes, Mayte Pérez, ha recordado que el pasado 27 de junio, y de cara a cuando se reanude el periodo ordinario de sesiones en septiembre, registraron una Proposición No de Ley para mostrar su “rechazo al establecimiento de un modelo de financiación singular y diferenciado” para la región vecina. También, contra “cualquier propuesta de condonación de la deuda contraída a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) o por otras vías si esta se plantea de forma exclusiva para un territorio. Este texto reclama en su último punto instar al Gobierno de Aragón a pedir la Conferencia de Presidentes y el Consejo de Política Fiscal y Financiera “para consensuar una reforma del modelo de financiación autonómica” entre todas las regiones del Estado.
