Policías y guardias civiles se manifiestan este lunes para exigir la dimisión de Marlaska

Cartel de la convocatoria | Imagen de Jupol
Jusapol considera que Marlaska debería haber dimitido hace tiempo por la “larga lista de decisiones polémicas y mentiras” que, a su juicio, arrastra

Los sindicatos y asociaciones profesionales de la Policía Nacional y la Guardia Civil han convocado una concentración este lunes 23 frente al Ministerio del Interior, en Madrid, para exigir la dimisión del ministro, Fernando Grande-Marlaska, y del director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras.

La protesta, impulsada por el sindicato Justicia Policial (Jupol) y respaldada por Justicia Guardia Civil (Jucil) y Justicia Salarial Policial (Jusapol), se celebrará a mediodía en el Paseo de la Castellana bajo el lema ‘Dimisión’.

El motivo de la movilización es la querella por abusos sexuales presentada por una agente contra el ex director adjunto operativo (DAO) José Ángel González, así como lo que las organizaciones convocantes consideran una falta de explicaciones por parte de los responsables políticos y policiales.

Desde el primer momento, Jupol exigió la dimisión del ministro al no dar credibilidad a sus explicaciones de que desconocía lo ocurrido hasta que la querella fue admitida a trámite y se hizo pública. Asimismo, el sindicato denuncia el silencio del director general de la Policía, quien, según critican, “sigue escondido sin dar explicaciones”.

Durante la concentración denunciarán que “la imagen de la cúpula policial se está deteriorando completamente con estos escándalos” y criticarán el “trato de favor a los mandos y las pocas garantías a los policías”.

Por su parte, Jusapol considera que Marlaska debería haber dimitido “hace tiempo”, no solo por este caso, sino también por la “larga lista de decisiones polémicas y mentiras” que, a su juicio, arrastra. Jucil, en un comunicado, mostró su “total apoyo” a la Policía Nacional y calificó de “inadmisible cualquier atisbo de trato de favor o encubrimiento en el seno de las instituciones que deben velar por el cumplimiento de la legalidad”.

“Las autoridades deben ser las primeras en dar ejemplo. Ante el menor indicio de un delito supuestamente cometido por un alto cargo, la Administración debe actuar con la misma firmeza y rigor que lo haría con cualquier ciudadano anónimo”, defienden.