El Gobierno baja impuestos a la energía y amplía hasta dos años los contratos de alquiler
El paquete de 5.000 millones incluye rebajas fiscales, ayudas al transporte, refuerzo del escudo social y medidas urgentes ante la crisis energética y de vivienda
El Gobierno aprobó este viernes un paquete de medidas para hacer frente a la crisis derivada del conflicto en Oriente Medio. El plan, dotado con 5.000 millones de euros, incluye una rebaja del IVA de la electricidad y los carburantes al 10 %, la reducción del Impuesto Especial sobre la electricidad al 0,5 % y la bajada del Impuesto sobre hidrocarburos al mínimo permitido por la normativa europea. También incorpora la prórroga de hasta dos años de los contratos de alquiler de vivienda habitual.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este sábado los dos reales decretos-leyes aprobados por el Consejo de Ministros en su reunión del 20 de marzo. Se trata del 7/2026, que articula el 'Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio', y del 8/2026, centrado en medidas de vivienda ante "una crisis de vivienda que podría agravarse sustancialmente como consecuencia de la guerra de Irán". Ambas normas entrarán en vigor este domingo.
La norma principal justifica este paquete por el impacto del conflicto iniciado el 28 de febrero por EEUU e Israel contra Irán, que provocó el bloqueo del Estrecho de Ormuz, por donde "se estima que transita el 20 % del total del gas y petróleo mundial". Esta situación disparó el precio del barril de Brent por encima de los 119 dólares y elevó el gas natural en Europa más de un 40 % en una sola jornada.
El Ejecutivo despliega así un conjunto de medidas que reduce el IVA de la electricidad, los carburantes y el gas al 10 %, rebaja el Impuesto Especial sobre la Electricidad del 5,11 % al 0,5 % y ajusta el Impuesto sobre Hidrocarburos al nivel mínimo que marca la directiva europea. A esto se suma la prórroga de hasta dos años de los alquileres de vivienda habitual y el límite del 2 % a la subida de las rentas.
ESCUDO SOCIAL Y ENERGÉTICO
En el ámbito social, el decreto-ley amplía hasta el 31 de diciembre de 2026 los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico, con un 42,5 % para el consumidor vulnerable y un 57,5 % para el vulnerable severo. También eleva la ayuda mínima del Bono Social Térmico, al que destina 90 millones de euros adicionales a los 335 millones ya previstos.
El texto garantiza además el suministro de agua y energía a consumidores vulnerables y en riesgo de exclusión social hasta final de 2026. Asimismo, fija un límite al precio máximo de venta de los gases licuados del petróleo (GLP) envasados hasta el 30 de junio de 2026 para "mitigar el impacto derivado del incremento del coste de la materia prima".
Las medidas fiscales, de carácter excepcional y temporal hasta el 30 de junio de 2026, dependerán de la evolución del Índice de Precios al Consumo. Si en abril la variación del IPC de los productos afectados no supera en más de un 15 % la del mismo mes del año anterior, estas rebajas dejarán de aplicarse en junio.
En materia de vivienda, el Real Decreto-ley 8/2026 fija una prórroga extraordinaria de hasta dos años para los contratos de alquiler de vivienda habitual que finalicen antes del 31 de diciembre de 2027. Además, establece un tope del 2 % en la actualización anual de la renta, tanto para grandes tenedores como para el resto de arrendadores si no existe acuerdo.
AYUDAS AL TRANSPORTE Y SECTORES PRODUCTIVOS
El Gobierno incluye una ayuda de 0,20 euros por litro de gasóleo para los titulares de vehículos con derecho a la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos, con una dotación de 367 millones de euros. También prevé ayudas directas para profesionales del transporte por carretera que no accedan a esa devolución, con importes de entre 200 y 1.800 euros por vehículo según su tipo.
El decreto-ley autoriza al Ministerio de Economía a conceder, a través del Instituto de Crédito Oficial, reavales de hasta 2.000 millones de euros sobre avales bancarios para autónomos y pymes del transporte de mercancías por carretera. Además, contempla ayudas directas al transporte marítimo regular de pasajeros en líneas de cabotaje e interinsulares.
En el sector agrario, la norma recoge una ayuda de 0,20 euros por litro de gasóleo consumido por productores agrarios, dotada con 52 millones de euros. A esto se suma una ayuda extraordinaria por el aumento del coste de los fertilizantes, con un crédito de 500 millones de euros, que distribuirá 22 euros por hectárea de secano y 55 euros por hectárea de regadío.
Para la pesca, el Ejecutivo establece una compensación de 0,20 euros por litro de combustible para armadores de buques pesqueros, con una dotación de 25 millones, junto a la exención durante tres meses de la tasa de la pesca fresca.
IMPULSO A LA ELECTRIFICACIÓN
El plan también introduce medidas para acelerar la transición energética. Entre ellas, la creación del Programa Auto+, dotado con 400 millones de euros en ayudas para la compra de vehículos eléctricos y electrificados, y una reducción del 80 % de los peajes de acceso a las redes eléctricas para la industria electrointensiva, financiada con 220 millones de euros.
Asimismo, se establecen deducciones en el IRPF por obras de eficiencia energética, instalación de sistemas de autoconsumo renovable y compra de vehículos eléctricos. También se crean las 'Zonas de Aceleración Renovable' para agilizar el despliegue de energías limpias y se regula la figura de los 'Proyectos Estratégicos de Inversión' para priorizar iniciativas que refuercen "la seguridad económica y la autonomía estratégica de España".
La norma prohíbe el despido hasta el 30 de junio de 2026 en empresas beneficiarias de ayudas directas y adelanta en doce meses la obligación de contar con planes de movilidad sostenible al trabajo. El Ejecutivo ha subrayado que el conflicto, que ya ha provocado más de 1.300 fallecidos y la repatriación de 8.400 ciudadanos españoles, justifica "una acción normativa inmediata" ante una situación para la que "no se espera una salida a corto plazo".