Avances y desacuerdos: la huelga educativa en Aragón abre una mesa de diálogo entre CGT y Educación
Ha pasado casi un mes de la huelga educativa convocada por CGT, que llenó las calles de Aragón en defensa de la Escuela Pública. Con unas elecciones autonómicas de por medio, ha sido ahora cuando el sindicato, segundo en representación en la enseñanza aragonesa, se ha reunido con la consejería de Educación para analizar el estado de las necesidades de centro comunicadas en el informe entregado el 21 de enero por CGT.
Dicho informe recogía demandas concretas y reiteradas, entre ellas los retrasos en la incorporación de personal no docente (administrativos, conserjes, auxiliares de educación especial, técnicas de infantil, etc.), las demoras en la elaboración de presupuestos y en el ingreso de libramientos, las deficiencias en infraestructuras y la necesidad de actualización y mejora de equipamientos en numerosos centros. Desde Educación han asegurado haber cotejado esa información y han trabajado para resolver las incidencias detectadas, con el objetivo de reforzar la colaboración con la comunidad educativa.
UN TRABAJO CONJUNTO
Cristina Vallés, portavoz de CGT, ha señalado que desde la administración les han reconocido y agradecido el trabajo realizado para “documentar estas problemáticas específicas, algunas de las cuales, nos han dicho, les eran desconocidas”. Asimismo, desde CGT han valorado positivamente que, tras las movilizaciones, parte de las cuestiones planteadas “han comenzado a solucionarse o se encuentran en proceso de tramitación durante este último mes”.
Por su parte, desde el departamento de Educación han valorado que este intercambio de información y la comprobación de datos han servido para transmitir a la comunidad educativa "la voluntad de trabajar conjuntamente en la mejora continua del sistema". Sobre el estado de las infraestructuras de los centros educativos, han han identificado necesidades de intervención como el arreglo de goteras, la revisión del sistema eléctrico y la reparación de grietas, que responden en muchos casos, han asegurado, a la falta de mantenimiento acumulada durante décadas.
En la presente legislatura, el Departamento ha puesto en marcha un plan de impacto para atender las necesidades más urgentes en función de la disponibilidad presupuestaria, con el objetivo de mitigar el deterioro y priorizar las actuaciones más críticas.
“IMPORTANTES DISCREPANCIAS”
A pesar del clima de consenso, ha asegurado Vallés, siguen existiendo importantes discrepancias en algunos ámbitos, y continúa habiendo “multitud de necesidades en las que no se ha avanzado”. Entre ellas, sigue estando encima de la mesa la concertación de etapas no obligatorias, como es el Bachillerato, “al que se quiere destinar siete millones de euros cuando existen más de 2.300 plazas vacantes en la red pública”. Desde CGT han anunciado que “si se continúa con esta deriva privatizadora las movilizaciones de la escuela pública continuarán”.
CGT ha insistido también en la existencia de partidas presupuestarias destinadas a la educación pública "que no se ejecutan, mientras que sí se garantiza la ejecución del presupuesto en la concertada". Asimismo, el sindicato ha vuelto a señalar que “la inversión pública en educación en relación con el PIB se sitúa un 25% por debajo de la media estatal, una situación que repercute directamente en la calidad del servicio público educativo”.
Desde Educación han mantenido que durante la presente legislatura, el departamento "ha incrementado los fondos destinados a ambos tipos de centros". Por tanto, ha incidido, "no se puede sostener que se haya reducido la financiación de la enseñanza pública para aumentar la de los centros privados". En este sentido, ha defendido un aumento global de la financiación, entendiendo que los centros sostenidos con fondos públicos forman parte integrante del sistema educativo y contribuyen a garantizar la libertad de elección de las familias.
EXTERNALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS ESENCIALES
Otro de los puntos abordados ha sido la externalización de servicios esenciales, como las técnicas de infantil, intérpretes de lengua de signos y comedores escolares. CGT ha defendido “la gestión directa de estos servicios, apostando por un modelo plenamente público que garantice estabilidad laboral y calidad en la atención educativa”.
La representante sindical también ha exigido “celeridad en gestionar los nombramientos del personal administrativo, de las auxiliares de educación o los informes para abrir comedores, ya que, en muchas ocasiones, son problemas burocráticos que se arrastran en los centros curso a curso”.
Por su parte, desde Educación han afirmado haber constatado "la dificultad persistente, mantenida a lo largo de los años, para dar cobertura a las plazas vacantes tanto de personal docente como de personal no docente". Por ello, las partes coincidieron en la conveniencia de buscar soluciones que agilicen el procedimiento de cobertura de vacantes, sin renunciar al necesario rigor normativo que garantice la transparencia y la calidad en las contrataciones.
Ambas partes han valorado positivamente el clima de cordialidad y la disposición a buscar elementos comunes de manera constructiva. Educación y CGT han acordado seguir manteniendo canales de comunicación abiertos para dar seguimiento a los compromisos adquiridos y continuar con la verificación y resolución de las incidencias detectadas.