El Gobierno de Aragón y la Confederación de Empresas Aragonesas de la Construcción (CEAC) han acordado este jueves una subida del 9,5% del precio máximo del metro cuadrado en las Viviendas de Protección Oficial. Según ha explicado el consejero de Fomento, Octavio López, los promotores solicitaban un incremento de hasta el 25%, si bien se ha podido llegar a un entendimiento por el que crecen también las ayudas directas a los compradores hasta los 4,5 millones de euros (22.000 como máximo cada persona). El año pasado, el reparto era de 1,5 para los constructores y tres para los usuarios.
La nueva normativa entrará en vigor en los próximos días con su publicación en el BOA y significa “el primer incremento real”, según Octavio López, en los últimos 16 años, al margen de la modificación del precio máximo superior en 2022, con el anterior Gobierno. El objetivo no es otro que hacer más rentable el mercado para los promotores y compensar así el aumento de costes de los últimos años. De acuerdo al consejero, se han elevado en un 30%, de modo que la subida aprobada por la DGA “garantiza un margen de rentabilidad y no castiga” a las empresas.
El representante de CEAC, Juan Carlos Bandrés, ha estimado que el incremento hasta el 9,5% permitirá activar 800 VPO de cara al verano, algo que se adecuaría a la “velocidad de crucero” deseada por la Consejería que dirige Octavio López, de hasta 1.000, una horquilla que crecería hasta las 1.500 si se engloba toda la vivienda pública. Es el ritmo que se pretende mantener en los próximos seis a ocho años. Unas 300 personas podrían verse beneficiadas de entrada, si bien no existe un cálculo a futuro hasta que no avancen las construcciones.
“El sector quiere seguir teniendo actividad y las subidas (de costes) van más allá de los ratios de los índices nacionales. La VPO ya no puede ser de nivel básico, hay una normativa que nos obliga. El hormigón no diferencia clases sociales”, ha valorado Bandrés. El también presidente del Clúster de la Construcción ha defendido que la actualización de los precios permite sostener las cifras de calificación de viviendas. En 2022, con la anterior modificación del módulo, se alcanzaron las 658, para después caer hasta las 368 (2023) y 234 (2024).
POR DEBAJO DE ASTURIAS, NAVARRA O CASTILLA-LA MANCHA
El tope del metro cuadrado pasa ahora de los 1.685,79 euros a los 1.845,94 para un inmueble de régimen general situado en las capitales de provincia, todavía por debajo de regiones similares como Asturias (1.884), Navarra (2.002,96) o Castilla-La Mancha (1.881), los ejemplos que ha utilizado López. De hecho, hay once regiones por encima de Aragón. La Ley de Vivienda autonómica, si finalmente se aprueba, permitiría seguir incrementando el precio hasta los 2.100 euros y se contemplan también actualizaciones anuales conforme al Índice General de Referencia o, en su defecto, el IPC cada mes de marzo.
También están previstas modificaciones normativas en la ley que permitan “homogeneizar” el precio de las VPO, que hoy se subdivide en tres categorías en función de las poblaciones. “Es el momento de dar un respiro al sector y de anticipar un crecimiento razonable para incentivar la construcción de vivienda protegida”, ha subrayado el responsable del ramo. Según Octavio López, de los 47.000 jóvenes que no pueden emanciparse, entre 17.000 y 20.000 están en disposición de acceder a este mercado. A través de las nuevas promociones se busca asimismo incrementar dicha horquilla.
A pregunta de los medios, el consejero ha abordado los plazos de descalificación recogidos en el proyecto de ley, uno de los aspectos que podría cambiar en su tramitación parlamentaria, y que está fijado en los diez años para las promociones privadas y quince las públicas. “La voluntad es ser flexibles para, si fuera necesario, ampliarlos. No sé si estaremos en condiciones de llegar hasta el límite máximo”, ha comentado.
Preguntado por las reticencias con Vox y el rechazo en bloque de la izquierda, ha indicado que “las cosas van por buen camino” con los primeros, no así con el resto de la oposición. “Hubo varios grupos que lo apoyaron, como el PAR y una abstención muy positiva de Aragón-Teruel Existe. Por tanto, hablamos de cuatro, estoy abierto y creo que la ponente también a las enmiendas razonables. Si alguien quiere hacer utilización ideológica de una ley necesaria, será su problema”, ha concluido.
